En Bolivia, el porcentaje de detenidos preventivos no cambió mucho en los últimos cinco años y se mantiene en un 70% y sólo un 30% tiene sentencia.

El relator de la CIDH, Joel Hernández, en un taller sobre el “uso de la prisión preventiva”, señaló que hay otras maneras de llevar a cabo el proceso penal evitando la detención preventiva por las consecuencias que esto acarrea.

En algunos países de la región se recurre al monitoreo electrónico a través de los brazaletes, o la justicia restaurativa haciendo uso de la conciliación o medicación para que la víctima y el imputado puedan resolver sus diferencias con la reparación del daño y evitar la detención preventiva.

En presencia de operadores de justicia penal en Chuquisaca, Hernández se refirió también al sistema de fianzas que opera en algunos países a través de una garantía monetaria para que la persona asuma el proceso en libertad.

Está también el arresto domiciliario que permite que las personas acusadas sigan el proceso e inclusive cumplir una condena en su domicilio.

“La idea es garantizar la efectivización de la justicia a través de mecanismos que aseguren la continuación de los procesos y el imputado no obstaculice la justicia”, enfatizó Hernández.

El relator de la CIDH sostuvo que el hacinamiento sigue siendo un problema en los países de la región con un promedio de alrededor del 160% de las capacidades de las instalaciones carcelarias y estas medidas pueden ayudar a descongestionar las cárceles.

Señaló que por los informes que tiene, desde 2014, en Bolivia se redujo la cantidad de personas en prisión preventiva del 81% a un 70%, sin embargo, esa cifra sigue siendo alta.

CONCILIACIÓN

La conciliación, como uno de los mecanismos de solución de conflictos, sigue siendo poco usada por los litigantes porque todavía persiste la concepción de la justicia reivindicativa y no la restaurativa, asegura Hernández.

“Las personas se ven reparadas en sus derechos cuando la otra persona se encuentra en prisión, cuando tiene una sentencia o la sentencia es muy alta, esto impide avanzar en los mecanismos alternativos como la conciliación y la mediación”, remarcó.

El funcionario de la CIDH recomendó avanzar en la incorporación de nuevas figuras alternativas a la prisión preventiva en las leyes de los países y también proveer los recursos para hacerlas posibles.

El Gobierno, desde hace dos años que anuncia la aplicación de brazaletes para los imputados fuera de las cárceles, pero no se concreta.

PROCESO ABREVIADO

Joel Hernández habló de los problemas en la aplicación del proceso abreviado, y mencionó  los acuerdos que se producen bajo presión al imputado de aceptar la culpabilidad con la finalidad de cerrar el proceso y salir de la cárcel; recordó que en estos casos, aceptar un proceso de culpabilidad bajo presión, constituye una vulneración de derechos.

Asimismo, se refirió a la falta de una debida información al imputado o recluso sobre los alcances del proceso abreviado y sus consecuencias, y una de ellas es que la persona se queda con antecedentes penales registrados y tiene dificultades para acceder a la función pública.

También señala la falta de una defensa pública adecuada porque no hay la suficiente cantidad de defensores de oficio que garanticen una defensa oportuna.