El abogado y ex fiscal superior, Milton Mendoza, calificó de desastrosa la gestión del ex fiscal General Ramiro Guerrero no solamente por la profundización de la retardación de justicia y la corrupción sino porque se dedicaron a “montar” procesos como el caso Alexander, supuestos consorcio de abogados, fiscales y jueces y otros que jamás fueron demostrados.

“Las nuevas autoridades tienen el reto de devolverle la confianza de la ciudadanía a la Fiscalía y superar los males de la retardación y la corrupción. No hay institucionalización, hay nombramientos a dedo y nadie sabe cómo fueron designados”, aseguró Mendoza.

En su criterio, varios de los fiscales departamentales recién designados tienen experiencia en materia penal porque fueron fiscales y funcionarios de entidades de justicia y merecen el beneficio de la duda para encarar las transformaciones en la justicia.

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Arturo Yáñez, señaló que el ex el fiscal General Ramiro Guerrero, en seis años no pudo establecer un escalafón confiable para la selección, permanencia y evaluación de los fiscales, profundizando la desinstitucionalización e incumpliendo la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).

Yáñez observa que el nuevo fiscal General Juan Lanchipa, también incurre en el incumplimiento de la Ley con la designación provisional de fiscales departamentales cuando debió emitir una convocatoria pública y calificación de méritos.

Explicó que con la nueva Ley promulgada en 2012 no pueden haber más fiscales provisionales porque, en su disposición transitoria (paso de la ley antigua a la nueva), establece que el Fiscal General puede nombrar por única vez, directamente a los fiscales departamentales hasta que se establezca la carrera fiscal y el escalafón.

A Guerrero le correspondió la primera designación en 2012 de forma transitoria y no podía haber más designaciones interinas, el ex fiscal nombró a varios fiscales departamentales por renuncias, sin establecer un sistema de escalafón que preveía un mecanismo de selección “técnico no partidario” de los fiscales de distrito.