Un informe de Relaciones Públicas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) señala que en 2017 los juzgados públicos, tribunales, jueces de sentencia y los vocales atendieron 334 acciones de amparo, 51 acciones de Libertad, cinco acciones populares y una acción de cumplimiento denunciando la vulneración de derechos.

Para evitar el incremento de la carga procesal la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial, creada por ley 898, dio luz verde al proyecto de ley de implementación de las salas constitucionales en las capitales de departamento, aunque se dijo que algunas acciones como las de libertad seguirán siendo conocidas por los jueces ordinarios.

La creación de salas constitucionales dependiente del TCP es un proyecto que se anunció desde la anterior gestión por los anteriores magistrados pero no se concretó por falta de consenso con el nivel Ejecutivo.