El martes, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, que es la instancia que acredita a los representantes del control social de la justicia, se reunirá con los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Interculturales, Bartolinas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) y otras organizaciones para elaborar la reglamentación.

Algunos consejeros de la anterior gestión hicieron acreditaciones de control social a personas allegadas a su entorno que en muchos casos utilizaban esta designación para presionar en los procesos de designaciones de funcionarios e incluso “extorsionar” en las instituciones nacionales y los distritos del Órgano Judicial.

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel informó que en los últimos meses recibieron la visita de más de 2.000 representaciones que se identificaban controles sociales, muchos de ellos ex dirigentes de organizaciones y en algunos casos hasta con acreditaciones falsas.

“El Consejo de la Magistratura, como instancia administrativa del Órgano Judicial realiza las acreditaciones a los representantes del control social para la justicia pero en estas acreditaciones se desveló ciertas irregularidades por falta de un reglamento, pese a la vigencia de la Ley de Participación y Control Social”, afirmó.

Recordó que en el proceso de convocatoria para la preselección de postulantes a vocales de los tribunales departamentales de justicia, el control social será parte de la comisión verificadora con la presencia de representantes de organizaciones sociales nacionales.

El pasado año, este diario recibió varias notas de organizaciones denominadas de control social quienes cuestionaban designaciones de personal en los distritos, exigían la renuncia de otros con el argumento de que eran parte de la cuota de poder de algún consejero en la “distribución” de pegas.

Algunos jueces denunciaron que a nombre de control social pretenden “forzar” decisiones judiciales mediante presiones en los tribunales.

Michel explicó que la propuesta de reglamento es acreditar un presentante por organización nacional y otro por las organizaciones departamentales para la fiscalización y control en los tribunales departamentales y en las instituciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El consejero no descartó incluso que algunas personas pretendían traficar con casos haciendo uso del control social.

LEY

El artículo 19 de la ley de Control Social en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de 2013 establece que ambas instituciones deben garantizar la participación y control social en el acceso a la información, rendición pública de cuentas, control disciplinario, procesos de postulación, preselección y selección de los magistrados.

COOPERACIÓN

El consejero Michel informó que la próxima semana se retomará la coordinación con la delegación de la Unión Europea en Bolivia para establecer la cooperación en materia judicial.

Recientemente, el Consejo de la Magistratura firmó un convenio con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la creación de una plataforma especializada en Derechos Reales para acelerar el proceso de saneamiento de tierras rurales que hasta 2019 pretende un registro masivo de más de un millón de títulos en el país.