Se ha producido un nuevo hecho que pone en duda la ecuanimidad con que actúa la justicia y que, sobre todo,  evidencia cómo el Gobierno puede presionar a su favor: el senador opositor Arturo Murillo ha sido condenado a dos años de cárcel por el supuesto uso de una libreta militar falsificada y ahora está en riesgo de suspensión como asambleísta nacional. Aunque ha sido una jueza la que dio la sentencia, no parece ajena  la intromisión gubernamental. No hay un juez que se anime en Bolivia a darle la contra a las autoridades.

El senador Murillo ha insistido en su inocencia y dio un argumento: si existen varias libretas militares, de varios conscriptos, con el mismo número, no es problema suyo, sino de las FFAA. Según Murillo, varias personas tienen libretas militares con el mismo código. Lo mismo podría decirse de un ejemplo similar, ya mencionado en estas páginas, cuando la Policía estaba a cargo de entregar las cédulas de identidad y  varias de ellas tenían números repetidos. Ese no es problema del ciudadano, sino del Estado. 

 

El presidente del Senado,  José Alberto Gonzales, ha señalado que la Comisión de Ética, que controla el oficialismo, podría analizar el caso. Si eso sucediera, la suspensión del díscolo parlamentario opositor estaría a la vuelta de la esquina. Por otra parte, entusiastas dirigentes masitas han señalado que si la sentencia se "ejecutoría”, es decir cumple con todas las apelaciones, el asambleísta  Murillo sería definitivamente retirado del Legislativo e impedido, en el futuro, de postular a otros cargos electivos. 

 

Lo increíble es que ello sucede justamente  cuando el vicepresidente Álvaro García Linera atraviesa por una situación relativamente similar. Se lo podría acusar de falsedad ideológica y material, en tres temas: en primer lugar, su cédula de identidad y su libreta militar señalan que es "licenciado”, cosa que él mismo negó. Para haber logrado que eso figure así ha tenido que mostrar algún título universitario. Todos quienes son profesionales y han hecho el trámite de obtener un carnet, saben que para que figure el título es imprescindible mostrar la copia legalizada de éste, expedido además en provisión nacional. Por lo tanto, podríamos presumir que García Linera hizo aquello, considerando además que en su cédula anterior, de 2005, señalaba que era "estudiante”. Lo mismo en su libreta, en la que señala que estudió cinco años de la carrera de matemáticas y luego se licenció.

 

Eso no es todo. El tercer tema es que la misma libreta militar señala que García Linera fue eximido de ingresar al cuartel debido a que tenía un serio padecimiento de la vista, establecido en el artículo 19, inciso b) del Reglamento de Sanidad de las FFAA por tener alguno de estos problemas: presencia de tumores progresivos o malignos de la cavidad orbitaria; ostesis crónica con deformaciones pronunciadas; sinusitis con ectasia o fístulas y complicaciones orbitarias; y celulitis orbitaria. Quienes lo conocieron en la promoción de su colegio nunca observaron que tuviera nada de eso, cosa que se confirma por las fotografías existentes de esos años. Por lo tanto, para haber logrado no hacer el servicio militar  seguramente García Linera exhibió un certificado médico, que sería irregular.  

 

Entonces, García Linera podría haber cometido (supuestos) delitos más graves que el del que se acusa a Murillo. Sin embargo, como se ve, la Fiscalía no parece que vaya a  actuar contra él.

 

El ministro Hugo Siles ha dicho que no se pueden comparar ambos casos, pues el Vice es un brillante intelectual, mientras que el presidente del Senado ha señalado que el problema del carnet de identidad del Vicepresidente es "anecdótico” y parte del "folklore”.  Cuando se trata de una supuesta irregularidad cometida por un senador opositor, ello amerita que deje su cargo y que sufra una pena de cárcel. Cuando las irregularidades se sospechan de las autoridades, peor aún del segundo mandatario, es parte del "folklore”. Son casos que reflejan  la falta de institucionalidad del país, la doble vara de la justicia  y  la  muy debilitada democracia.