“El hacinamiento existe en todas las cárceles del todo territorio nacional y este Decreto Supremo busca beneficiar dando indulto y amnistía”, manifestó el diputado oficialista, David Ramos, en contacto con los medios.

Este decreto fue anunciado por el presidente Evo Morales a inicios de abril tras reunirse con la Defensoría del Pueblo. Según datos gubernamentales, a finales de 2017 se registraban 17.946 privados de libertad en Bolivia, de los cuales 12.537 se encuentran con detención preventiva y 5.409 con sentencia.

Según Ramos, el decreto beneficiará principalmente a “personas con discapacidad, con enfermedades terminales, así como a personas mayores de 65 años”.