"El hacinamiento existe en todas las cárceles del todo territorio nacional y este Decreto Supremo busca beneficiar dando indulto y amnistía", manifestó el diputado oficialista, David Ramos. Este decreto fue anunciado por el presidente Evo Morales a inicios de abril tras reunirse con la Defensoría del Pueblo.

Según datos gubernamentales, a finales de 2017 se registraban 17.946 privados de libertad en Bolivia, de los cuales 12.537 se encuentran con detención preventiva y 5.409 con sentencia.

Según Ramos, el decreto beneficiará principalmente a "personas con discapacidad, con enfermedades terminales, así como a personas mayores de 65 años".

Otros casos que serían considerados son los presos cuya pena sea igual o menor a cinco años, mujeres que tengan en custodia niños menores de seis años y embarazadas con 20 semanas o más de gestación hasta la publicación del Decreto Supremo.

Para el senador opositor, Edwin Rodríguez, el hacinamiento carcelario es un "tema endémico" y que no va en relación con los asuntos de infraestructura, sino con los procesos judiciales, los cuales serían el verdadero problema.