Asimismo, son notorios otros factores, como la falta de asistencia jurídico-legal, ya que el número de abogados del Servicio Nacional de Defensa Pública para todo el país es insuficiente; hay limitados recursos humanos en el Órgano Judicial; la alimentación en el interior de las cárceles es pésima; hay una deficiente atención médica; la convivencia en un mismo espacio entre presos reincidentes y condenados por delitos graves con los detenidos preventivos o los que delinquieron por primera vez promueve el abuso, la violencia y dificulta la reinserción y, finalmente, la desigualdad y los privilegios generan también un sistema de discriminación en razón de la capacidad económica.

Aunque es evidente que para garantizar un margen de seguridad y respeto a los derechos a la vida, la integridad y la propiedad, el Estado debe contar con instituciones que hagan cumplir la norma y que sancionen en caso de vulneración, la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla. De esta forma, cuando se implementan medidas como una ley de endurecimiento de penas, se debe tomar en cuenta que si bien dicha determinación puede responder a una demanda o ideario, ello no implica necesariamente el abordaje correcto del complejo entramado descrito antes. 

Como institución policial, destacamos el esfuerzo que realiza el Estado para enfrentar el problema. Hay avances en la gestión carcelaria a través de normativas, mayor inversión y mejora de los mecanismos de control, aunque paradójicamente no se está trabajando de manera efectiva para reducir la retardación de justicia o enfrentar el incremento de las detenciones preventivas.

Cuando una sociedad privilegia la visión hacia los mecanismos de punición antes que la educación y la prevención, se verá enfrentada a la disyuntiva de tener que tomar medidas excepcionales para enfrentar las consecuencias de su propia falta de previsión y esto, aunque resulta efectiva y moralmente plausible, no aportará a la solución definitiva ni permanente del problema.