El documento propone constituirse en un insumo para los servidores públicos y con el objetivo introducir el enfoque de género en el el proceso de formulación de políticas, planes, programas y proyectos. Asimismo otorga conocimientos de la normativa nacional e internacional sobre el tratamiento de mujeres privadas de libertad  aspecto  indispensable para garantizar que estas mujeres en situación de vulnerabilidad no sufran discriminación ni decremento en sus derechos.

Por otra parte el documento otorga pautas para que los funcionarios estatales como representantes del Estado garantice que la pena de privación de libertad de las mujeres sea sobrellevada de acuerdo a derecho, sin lesionar la dignidad humana, ni disminuir ninguno de sus otros derechos, salvo los que naturalmente se verán afectados por la pena privativa de libertad