El exdirector de régimen penitenciario Ramiro LLanos dijo que mientras las cárceles permanezcan bajo administración y tuición de la Policía, los problemas no desaparecerán, sino, por el contrario, podrían agravarse.

Llanos fue uno de los impulsores de esta nueva política y cuando ejerció su cargo planteó crear un instituto penitenciario, con gente especialista en rehabilitación, personas que estudiaron para este tipo de tarea, dijo que hay recursos humanos en el país que no se utilizan adecuadamente, y añadió que eso  provoca problemas. “Es necesario vaciar las cárceles, con otro tipo de entidad a cargo, no la Policía”.
Fustigó la tarea de la entidad en recintos penitenciarios porque dijo que son parte del problema y que nunca hubo una intención de cambiar la actual situación.

Los políticos

En el MAS consideran que la aplicación de las normas es fundamental para el descongestionamiento de los penales; la senadora Adriana Salvatierra dijo que producto de la aplicación del actual procedimiento penal es que se produce la sobrepoblación carcelaria en el país porque los jueces aplican esta norma que está vigente sin considerar que suman reos a penales que ya están saturados.

Asimismo, dijo que esa misma norma ocasiona que en las cárceles coexistan personas que son detenidas preventivamente y las que tienen condena y detalló que en este momento el 68 por ciento de toda la población carcelaria no tiene sentencia, ni siquiera en primera instancia.

El opositor Amilcar Barral afirmó que la falta de infraestructura, la corrupción de la justicia, y la gran cantidad de detenidos preventivamente sin sentencia, provocan la sobrepoblación de las cárceles sin ningún tipo de control.

En su opinión, los detenidos preventivamente asumen su encierro como una “escuela delincuencial” en las cárceles, y recordó que ya se tuvo varias experiencias de motines especialmente en Palmasola y que las autoridades no hicieron nada para mejorar.

Ambos coincidieron en la necesidad de aprobar nuevas normas, pero ahí surge el problema que causó el nuevo código del sistema penal que fue abrogado en enero por el presidente.