El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla Martínez, se reunieron en Sucre con el objetivo de coordinar la implementación de políticas públicas para reducir el hacinamiento en las cárceles y  las cifras de las detenciones preventivas en el país.

El objetivo de la reunión fue el diseño y análisis de políticas públicas destinadas a mejorar el sistema penitenciario, sistema de justicia penal y el desafío de reducir el 256 %  de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. “El medidor  de los derechos humanos son las cárceles”, señaló el Defensor.

Asimismo anunció que en los próximos 15 días el Tribunal Supremo de Justicia lanzará un plan que contemple y disponga la implementación de dichas políticas. En Bolivia el 70% de personas  privadas en libertad tiene detención preventiva.

Según una investigación de la Fundación Construir, la medida se aplica mayoritariamente olvidando el carácter excepcional de la detención preventiva y vulnerando principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.