El 80% de los adolescentes recluidos en centros de reintegración social de La Paz viven en la incertidumbre debido a la  retardación de justicia. Cada  semana   hasta tres  jóvenes son remitidos con medidas cautelares a estos centros donde crece el   hacinamiento.  

“Un 80% de los adolescentes  internos en el centro de reintegración  están detenidos preventivamente y no tienen  sentencia; eso está causando hacinamiento. Si bien hay jóvenes acusados de cometer infracciones graves, muchos  están con medidas cautelares por delitos menores que no ameritan la detención o hay casos en los que el tiempo de la pena que dicta la ley ya se cumplió”, manifestó el director de Política Social de la Gobernación de La Paz, Eugenio Vásquez.      
  
Espera entre rejas

Candados y cadenas refuerzan las  rejas  del Centro de Reintegración Varones, dependiente de la Gobernación de  La Paz. En los pasillos,  habitaciones o  talleres de capacitación ninguna puerta se abre sin que se haya  asegurado la anterior. Desde el patio llega  una cumbia de moda  que toca  la radio, el sonido de un balón  que golpea el suelo y algunas carcajadas  dispersas.     

Es miércoles, día de visita, y bajo el sol –mientras tejen manillas o distraen la ansiedad con un juego de ajedrez–  un centenar de adolescentes esperan  noticias sobre sus casos, su vida y  su  futuro.

“Nos preocupa que en los últimos meses hayan llegado entre dos y tres adolescentes por semana y que los procesos no avancen. Hay jóvenes que vienen por bagatelas, robos o peleas donde no corresponde la privación de libertad. Pareciera que la solución que dieron las autoridades  fue remitirlos y olvidarse de ellos y sus casos”, dice la secretaria departamental de Desarrollo Social y Comunitario, Beatriz Zegarrundo.

Años sin sentencia

La retardación de justicia es uno de los problemas  identificados por  Informe de verificación  a centros de   detención para adolescentes en  conflicto con la ley, elaborado  por la     Defensoría del Pueblo en  2016. 

“Los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar el acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, señala el documento.

Añade que los  plazos procesales no se cumplen ya que existen adolescentes que han estado por más de dos años con detención preventiva. El artículo 264 del Código Niño, Niña y Adolescente establece que la duración del proceso jurisdiccional –desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada– “no deberá exceder los ocho meses”. 

“Tenemos un caso que ya va por los dos años y cuatro meses sin una sentencia”, señaló la administradora del Centro de Reintegración, Rosario Mendoza. 

Según la trabajadora social del Centro, Rosmery Ortiz, la mayoría de los recluidos están acusados  por hurto, peleas y robo agravado. “Otros llegan por violación,  homicidio, parricidio o por la 1008. Si están   bajo el efecto de los inhalantes a veces no saben que han cometido un delito,  al reaccionar ya sólo ven la sangre en sus manos”, relata.

La ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de Justicia señala que el juez competente dispondrá la  detención preventiva o formal de un menor de 18 años  únicamente por delitos que tengan prevista como pena la privación de libertad de un  máximo de cinco o más años. En el caso de robo agravado ésta  llegaría a dos.

Hace dos semanas, con el fin de evitar estos malos procedimientos  y sus consecuencias, la Gobernación de La Paz y la Fundación Construir dieron un taller de capacitación para los operadores de justicia. Pese a su confirmación  los jueces de la Niñez y Adolescencia   no asistieron.

En ese evento, la especialista en Justicia Penal Juvenil Cecilia Bolivar planteó la necesidad de  la especialización e institucionalización de jueces para una  aplicación eficaz de la  justicia restaurativa. Esa que debe llegar a los menores de edad.

Recursos y hacinamiento

En los dormitorios del Centro de Varones, las camas están acomodadas lado a lado y separadas apenas por un espacio mínimo por el que se debe caminar de  costado. Hay  cuadros y  marcas que personalizan cada espacio.

Hasta la semana pasada esta  infraestructura con capacidad para 40 adolescentes albergaba a 93 varones de 14 a 18 años de edad.  En el centro de reintegración para mujeres hay 11 internas. 

En ambas instituciones, el número de internos e internas cambia constantemente. A veces llegan más  jóvenes, otros terminan de pagar su penas, se presenta un sobreseimiento o se imponen    medidas sustitutivas en algún caso. 

“No sabemos cuando entrarán nuevos internos ni si estarán un día o meses. Hay recluidos que ya deberían salir pero sus procesos no se mueven o sigue en investigación”, lamenta  Mendoza.