En la precumbre del sistema judicial, las autoridades judiciales identificaron como de vida o muerte la independencia, el presupuesto autónomo y la justicia indígena originaria, que debieran ser incluidos en el debate junto con los otros seis ejes temáticos posicionados por el Gobierno, pero en la primera precumbre departamental de justicia decidieron incluirla como una transversal.

El juez técnico del Tribunal de Sentencia Nº 1 de Sucre, Marcelo Barrios, que asistió a la precumbre, sostiene que no se puede ubicar como transversal la independencia judicial que es de lejos más importante que el acceso a la justicia, la retardación, la formación de los abogados y jueces, la elección de autoridades judiciales y la política criminal.

Para sustentar esta posición, recurrió a la Constitución Política del Estado que en su artículo 178 señala que la justicia emana del pueblo y coloca primero el principio de la independencia porque su ausencia es el eterno mal de los sistemas de administración de justicia.

Remarcó que la carrera judicial y la autonomía presupuestaria, ambas de rango constitucional, son los mecanismos fundamentales para garantizar la independencia judicial, pero asegura que eso no le interesa al poder político de turno.

Recordó que hasta antes de las últimas reformas, los jueces recibían poderes delegados por el Legislativo y el Ejecutivo, pero después de la Constituyente de 2007 que fue plasmada en la nueva Constitución, el poder del magistrado deviene de un mandato directo del pueblo que los sitúa al mismo nivel de los otros poderes.

Empero, dijo que en la elección de altas autoridades del Órgano Judicial, ese mandato fue desnaturalizado y desoído en el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales porque la Asamblea Legislativa, en la mayoría de los casos, no escogió a los ciudadanos que reunían las condiciones adecuadas para dirigir el Órgano Judicial y encausar su actividad en la independencia.

En cuanto a la carrera judicial, dijo que fue desconocida por el poder político pese a estar garantizada por la CPE y contrariamente, mediante una ley, le dio el título de transitorias.

Barrios señaló que además se dictaron leyes tendientes a intimidar a los jueces como la reforma al Código de Procedimiento Penal, que establecía la suspensión del juez a sola imputación, además de la actitud deliberada de los otros dos órganos de poder para poner trabas a la independencia, la carrera judicial y la autonomía presupuestaria que a la fecha no se concretan.

El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL), David Rosales y la ex magistrada del Tribunal Constitucional y ex presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, coincidieron en la importancia de la independencia judicial y el presupuesto para garantizar la calidad del servicio de justicia.

Salame señaló que la calidad de justicia tiene como requisito la independencia y un mayor presupuesto, no para aumentar salarios sino juzgados, pero al contrario las autoridades judiciales están quitando juzgados y acumulando competencias a un juez en las provincias, remarcó.

Independencia sólo como transversal

En la precumbre departamental de justicia el 12 de abril, autoridades del Ejecutivo y el Legislativo le restaron importancia a la independencia judicial; todas apuntaron a la corrupción y la retardación como los principales males de la justicia que tienen que afrontados.

El procurador General, Héctor Arce, dijo que la corrupción en algunos operadores de justicia, el consorcio y redes de abogados y jueces que trafican con la justicia son de mayor preocupación; sostuvo que la independencia se dio con la elección de las altas autoridades mediante voto universal.
En cambio, la ministra Virginia Velasco aseguró que la independencia judicial fue respetada por el Gobierno.