Quienes siguen mi columna saben que, a diferencia del resto de los bolivianos, el mar a mí no me conmueve en absoluto. Puedo vivir, y podré morir en paz, sin ver una bandera boliviana ondeando en las costas del Pacífico. Y, sin embargo, sé de la importancia que tiene este tema en la política interna de la patria. Sé que cualquier persona que tuviera la mínima aspiración a una posición que emane del voto popular tiene que amar Bolivia sufriendo por su enclaustramiento. Así de complejos somos los seres humanos en general y los bolivianos en particular.

Donde no me pierdo, y jamás me perdí, es en creer que la causa marítima no tuviera un retrogusto político, y que en el caso de la última fiebre que nos ha atacado, Juicio de la Haya incluido, ese y no otro hubiera sido el fin último de Evo y los suyos.

No digo que el presidente Morales no anhele un mar para Bolivia. Seguro que lo hace, a fin de cuentas, parte importante de su formación la recibió seguramente en el cuartel. Pero estoy convencido de que buena parte de la construcción del caso tuvo que ver ante todo con una búsqueda non sancta de consolidarse en el poder.

Y es que soñar no cuesta nada, sobre todo si los dispendios de las quimeras las paga el Estado, vale decir los ciudadanos. Y si por algún motivo el hado fuera propicio y Bolivia recuperara alguito de lo que perdió en esa malhadada guerra de hace más de 130 años, es muy posible que quien protagonizara este extremo tendría un juego de cuatro o cinco ases bajo la manga para perpetuarse en la silla presidencial o en algún trono.

Por eso no puede sorprendernos que la gente del Gobierno tenga claro que don Carlos ya nada tiene que hacer con la demanda marítima, y es que el fin último de esta tiene que ver con un proyecto político concreto, y parte de ese paquete es también la elección de jueces, que son quienes, los del tribunal constitucional, tendrán que legitimar en un futuro próximo la a estas alturas cacareada repostulación. Si Mesa está en desacuerdo con esa maniobra, si Mesa socava el fin último de estas elecciones judiciales que quieren hacer ver al poder judicial como entidad independiente, entonces, tampoco debería, piensan ellos, estar en la otra parte de ese todo. Que además redituó como lo hemos visto grandes espacios de simpatía ciudadana.

Casi por carambola, se ha caído la máscara y ha quedado en evidencia lo que se podía deducir con un poco de suspicacia desde un principio. Las elecciones judiciales son absolutamente político partidarias, porque su fin último es viabilizar la eternización de Evo y los suyos en el poder, y pasa lo mismo con la causa marítima.

Mientras tanto, queda la terrible situación del sistema judicial boliviano, posiblemente uno de los peores y más sórdidos del mundo. Y que está en esas condiciones, hoy peor que antes, porque a quienes nos gobiernan no les interesa cambiar esa situación. En efecto, mejorar la justicia en Bolivia, implicaría poner término al mandato de Evo.

De las urnas del próximo 3 de diciembre no saldrá nada bueno, porque ese evento está contaminado desde sus inicios. Ya se ha comprobado, en la anterior gestión judicial, que este tipo de nombramiento de jueces no es bueno, y para colmo tenemos la perversa intencionalidad arriba descrita.

Por eso las personas responsables deben mostrar su rechazo a este proceso, y deben hacerlo con los medios que tengan a su alcance, Carlos Mesa está haciendo su parte, no necesariamente como potencial candidato a la presidencia, sino ante todo como quien, mal que les pese a los masistas, ha ganado entre otras cosas, gracias al mar de marras, una incuestionable influencia dentro de la ciudadanía.

*AGUSTÍN ECHALAR ASCARRUNZ