Con la aprobación del texto constitucional en 2009, Bolivia adoptó un sistema de elección de altas autoridades del Sistema de Justicia por sufragio universal, permitiendo a las y los ciudadanos/as participar activamente en este proceso y decisión de quienes habrán de liderar los máximos tribunales del país.

El primer proceso de elección de autoridades desarrollado en 2011, no cumplió con las expectativas de la ciudadanía y esto fue demostrado en las urnas en las que el voto nulo y blanco alcanzaron casi el 60% de los resultados, frente a un 40% de votos válidos.

Si bien la norma precisa que tales tribunales se conforman sobre la base de la cantidad de votos válidos, y en esta línea, los/as nuevos/as magistrados/as y consejeros/as asumieron funciones dentro del primer periodo constitucional del Estado Plurinacional. Este voto de rechazo al proceso de selección de los candidatos, influyó en la desaprobación general de la población a la nueva gestión de estas autoridades que se vio agravada por los tenues avances en el proceso de transición constitucional. 

Durante la gestión 2016, el gobierno del Estado Plurinacional impulsó la Cumbre Nacional de la Justicia Plural convocando a la población a aportar activamente con propuestas para construir un nuevo modelo de justicia. Como resultado se aprobó una agenda de más de 100 mandatos que incluían directrices para fortalecer el proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, establecía un perfil para los/as candidatos/as que debía basarse en capacidad, experiencia, idoneidad, probidad, meritocracia, moral y ética, formación humana entre otros requisitos. En relación al Reglamento, la agenda de mandatos aprobada definió a la Asamblea Legislativa la necesidad de reformular sus procedimientos, para garantizar un proceso público y con plena participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas, las organizaciones sociales, instituciones académicas e instituciones representativas de la población.

El mes de enero de 2017 a partir de la promulgación de la Ley N° 898 se dio paso a la creación de la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, atribuyéndole como primera facultad el proponer mejoras al proceso de preselección y elección de Magistrados/as y Consejeros/as en el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (Artículo 3.1.a). 

El 30 de mayo de 2017, un conjunto de redes, plataformas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de Derechos Humanos, que participaron articuladamente con propuestas para la transformar la justicia en la Cumbre Nacional de Justicia Plural, definieron conformar la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, con el propósito de participar activamente en el proceso de reformas al sistema de justicia y la implementación de la agenda de mandatos post Cumbre de Justicia Plural, iniciando con el proceso de evaluación, selección y elección de candidatos/as al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, con el fin de verificar si el mismo cuenta con criterios de transparencia, apertura al escrutinio público y selección basada en méritos en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado.