Desde las últimas elecciones generales, el pasado año 2014, se ha vuelto una necesidad (periodística y comunicacional) hacer referencia al rol de las Redes Sociales Digitales (RRSSDD) en el desarrollo de los procesos electorales o referendos a los que nuestra vida democrática nos tiene acostumbrados. Ha sido esa la tónica, con menor énfasis, en las subnacionales 2015, el Referendo Constitucional 2016 y ahora correspondería pensar cómo es que éstas incidirán en las elecciones judiciales que tendremos a finales de este año 2017. Claro, ello tomando en cuenta una de las varias peculiaridades que caracterizan el diseño y la normativa de este proceso electoral que no contempla ni campaña ni propaganda electoral, de tal manera que no se establece en el calendario electoral un periodo para dichas actividades, toda vez que éstas no son parte del camino que se debe recorrer hacia las elecciones judiciales de diciembre.
En ese sentido, no es posible pensar entonces en la posibilidad de que las redes sociales se constituyan, en esta ocasión, en el escenario en el cual se disputen las opciones por candidaturas de la ciudadanía conectada (que —se sabe— consigue resonancia en la agenda mediática), esto al menos en la teoría. No obstante, toda vez que las recientes modificaciones a las normas y la aprobación de un respectivo reglamento apuestan, ahora, por un enfoque garantista, es de esperar que la ciudadanía se manifieste en torno a este proceso electoral con la mayor libertad, más aún en los canales de expresión y opinión que hoy se han tornado las RRSSDD, lo que podría hacer que más bien lo que vaya a ser puesto en disputa en estos escenarios sean los sentidos en torno al proceso electoral en sí mismo.
El uso “ideal” que se le podría dar a estos escenarios digitales, que además está contemplado dentro de la normativa que rige este proceso, es el informativo; esto quiere decir que los contenidos generados por usuarios y usuarias en estas plataformas coadyuve a la labor informativa que tiene como misión llevar adelante el Órgano Electoral Plurinacional, pero en la que también —se espera— el apoyo y compromiso de medios de comunicación, universidades (y otros actores sociales) a través de la generación de espacios de debate (foros, seminarios, espacios en medios) destinados a dar a conocer a quiénes pugnarán por nuestro voto en diciembre y sus propuestas. Pero la realidad parece apuntar en otro sentido, como muestra se puede señalar que han bastado cinco días de que se conozcan los nombres de las y los candidatos a Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional para vislumbrar la existencia de una tendencia en algunos contenidos que seguramente buscarán orientar la opinión de las comunidades virtuales hacia la anulación del voto, a tiempo de cuestionar la legitimidad del proceso en sí. Ya el año 2016, se podía identificar que especialmente Facebook, se había vuelto más bien un lugar en el que, cuando de momentos altamente politizados se trata, presentaba una fuerte tendencia a privilegiar la desinformación y la guerra sucia por encima del debate informado.
A pesar de todo ello, desde la vivencia de nuestras comunidades virtuales siempre queda —cada vez más arrinconada— la tecnoutopía de pensar a las RRSSDD como esos anhelados espacios de ampliación democrática, en los que prima la deliberación informada y no lo contrario. Y un nuevo proceso electoral, de alguna manera es siempre una nueva oportunidad, en clave de desafío, para nuestra propia cultura democrática intercultural, así sea ejercida desde un teléfono.