Según sus declaraciones juradas, Patricia Guadalupe Flores Marín, que aspira a llegar al Tribunal Agroambiental, es la que ostenta el patrimonio más suculento de todos con Bs 3,8 millones declarados el 7 de febrero de 2017. Su declaración jurada la vincula con la azucarera estatal Empresa San Buenaventura.
Francisco Tarquino Blanco, que se postula al Consejo de la Magistratura, es el candidato que figura con el segundo patrimonio más abultado: declaró Bs 2,4 millones el 24 de junio de 2015, como funcionario del mismo tribunal al que candidatea.
Y entre los que trabajan o trabajaron en el Estado y declaran no tener bienes figuran Soraya Céspedes Moreira, que postula al Tribunal Agroambiental y se desempeña en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Su declaración es de marzo de 2017 y dijo tener rentas que alcanzan a Bs 67.564.
René Delgado Arteaga, que postula al Consejo de la Magistratura, presentó su declaración en febrero. Él aseguró no tener bienes, aunque declaró rentas por un monto de Bs 48.669.
El extitular del Tribunal Constitucional Plurinacional, Zenón Bacarreza Morales, trabajó durante el último sexenio como magistrado y declaró en octubre de 2016 bienes por Bs 487.400; su colega Lucio Fuentes, que estuvo en el Tribunal Agroambiental, declaró Bs 786.878. Ellos están entre los profesionales que figuran con mayor patrimonio.
Las reacciones
Los bienes patrimoniales de los candidatos que resulten electosdeben ser investigados y el MAS promoverá esta iniciativa en la Asamblea Plurinacional, dijo el diputado Víctor Borda; por su lado, los opositores exigen que la Contraloría y la Unidad de Investigaciones Financieras realicen un control especial a las futuras autoridades judiciales.
La iniciativa surge luego de que los legisladores conocieron los montos de declaraciones juradas de al menos 38 de los precandidatos en carrera, tras la revisión que realizó EL DEBER en el sitio oficial de la Contraloría.
“Plantearemos un seguimiento a los electos; (...) aparecen con un monto mínimo de patrimonio y luego salen millonarios y corruptos de la administración de justicia”, dijo el diputado del MAS, Víctor Borda.
Su colega opositor, Wilson Santamaría, explicó que hay condiciones para las autoridades que asumen un cargo: presentar una declaración con datos reales y demostrables; la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz castiga a los funcionarios que alteren sus declaraciones; recordó que la Contraloría y la Unidad de Investigaciones Financieras son llamadas a fiscalizar a los funcionarios en estos temas.
