Según los datos proporcionados por la Comisión Mixta de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de esos siete profesionales tres son administradores de empresa, un auditor financiero, un contador público y dos economistas. 

A diferencia de otras instancias (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental) y tal como establece el reglamento de preselección y en apego a la propia Constitución, "el postulante debe tener conocimiento en el área con especial énfasis en temas administrativos, financieros y de recursos humanos", señala la normativa vigente para este proceso.

"Es que el Consejo de la Magistratura se encarga más de la parte administrativa, financiera del Órgano Judicial, obviamente, de ver el cumplimiento disciplinario de los operadores de justicia", precisó Víctor Borda.

En cambio, los necesariamente abogados que postulan a dicha instancia del Órgano Judicial son 17 abogados, de los cuales tres son de Santa Cruz, dos mujeres y un varón.

Un proceso en marcha. Según el senador Milton Barón, presidente de la Comisión Mixta, bajo el principio de la idoneidad, ética, probidad y méritos académicos los 24 postulantes al CM y otros 23 al Tribunal Agroambiental, que superaron el puntaje mínimo de 56 sobre 100 puntos esperarán la selección final en el pleno de la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre.

A su vez, Borda, argumentó que se ha fijado esa fecha, debido a la nueva convocatoria y reglamento aprobado recientemente en la ALP para recibir nuevos postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el mismo que se cierra el 24 julio. "A partir de esa fecha se abre esta otra fase de proceso de preselección con los mismos parámetros y mecanismos que se ha tenido hasta el momento. Entonces ese proceso esperamos culminar hasta antes del 1 de septiembre", precisó.

Echada la suerte. Según José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, la suerte de una verdadera transformación de la justicia está echada, pese a que en el proceso de evaluación hayan intervenido las universidades. "Ahora resulta que la mayoría de los postulantes, casi más de dos tercios, son afines al gobierno. Entonces, desde el momento que se aprueba el reglamento la suerte de una transformación de la justicia quedó echada, Además, eso explica que la verdadera dirección de este proceso está orientado a perpetuar en el poder a este gobierno. Ese es el problema de fondo", finalizó.

Punto de vista
'El voto no es una garantía de calidad' 

"El gobierno tiene la visión muy estrecha del problema de la justicia en Bolivia. En realidad nunca tuvo una visión racional, incluso desde la Asamblea Constituyente, por eso incorporaron ese disparate en la Constitución Política del Estado, cual es la elección de magistrados vía voto popular.

El voto, en cualquier parte del mundo no asegura calidad. En ese sentido es absurdo pensar que la gente con su voto va a cualificar la calidad de los magistrados cuando los postulantes han sido preseleccionados de una manera dirigida y manipulada. Y lo peor aún, cuando el mismo gobierno luego de seis años se da cuenta que los que se hizo el 2011 era un desastre, ahora no hace otra cosa que repetir el mismo desastre. 

Con un proceso electoral dudoso, descalificado por la manera como se hace, es imposible pensar en una verdadera transformación de la justicia'.