La presidenta de la organización departamental, Janeth Calvo, manifestó que la decisión del Consejo de la Magistratura de no reincorporar al ex juez Cautelar Onceavo de Santa Cruz, Moisés Chaile Vilte, en sus funciones se constituye en un acto de abuso de poder y que esa actitud puede “subsumirse en el tipo penal de incumplimiento de resoluciones judiciales”.

Recordó que las decisiones de un Tribunal de Amparo son de cumplimiento inmediato y que un juez no puede ser juzgado por las determinaciones que emite.

En mayo, el Consejo de la Magistratura destituyó a 88 jueces en todo el país bajo la figura de transitoriedad sin necesidad de proceso. Como resultado de esa acción algunas autoridades jurisdiccionales presentaron amparos alegando vulneración de derechos. En el caso de Chaile, se invocó la vulneración de derechos de dos niños menores de un año.

Bajo esa figura, el juez 6° de Familia de la capital, Gonzalo Zelaya, tuteló el bienestar de los menores de edad según dispone la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales, pues con el despido del padre se estaba poniendo en riesgo su derecho a la alimentación y a la salud. “Acá está en juego la vida, la alimentación y subsistencia de dos niños de tres meses”, afirmó Calvo.

“No se puede concebir que se esté pretendiendo castigar a un juez que ha tutelado los derechos de dos menores en contraposición de otra juez que fue destituida por no proteger los derechos de una niña”, manifestó.

La Presidenta de la AMACH sostuvo que con estas actitudes de parte del Consejo de la Magistratura se amedrenta y amenaza a los jueces, que si no fallan como dicta esa entidad, advierten con abrir procesos.

Con relación a los 88 despidos, la resolución de Zelaya fue la primera en contra del Consejo de la Magistratura.

Se intentó hablar con los magistrados, pero estaban en Potosí en una rendición de cuentas, según se informó.