Pero por razones políticas, el MAS, al igual que el 2011, rechazó y restó importancia a las propuestas de  las opositoras Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano que decidieron retirarse de la mesa de trabajo donde se diseñó el reglamento de preselección; denunciaron que el oficialismo no quiere, en el fondo, una administración de justicia independiente.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), representado por ocho delegados en las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, participará en dos de las tres etapas de la preselección. El reglamento prevé 100 puntos como la mejor calificación, distribuidos en 40 para la evaluación de méritos, 30 para el examen escrito y 30 para la entrevista para valorar a los candidatos. Hace poco más de cinco años esto era prácticamente impensable. Seguimos. Según las reglas del juego, 56 puntos es la nota mínima para que los aspirantes a candidatos pasen a la fase de preselección final, es decir, que sus nombres sean considerados en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Será posible exigir excelencia con este puntaje?

Por mandato de la Constitución, los legisladores preseleccionan a los aspirantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. El oficialismo sostiene que “no puede delegar” esta facultad en respuesta a la oposición que plantea una comisión independiente en la que no participen los partidos.

Es cierto que el Legislativo no puede delegar a nadie el cumplimiento de sus obligaciones, pero de acuerdo con la propuesta, esta comisión no tendría la última palabra, pues la selección final de los candidatos, la lista de quienes estén en la papeleta de las elecciones del 3 de diciembre, serán los diputados y senadores reunidos en la Asamblea.

Poner candados a la postulación de servidores públicos, por los menos para aquellos que estén o estuvieron en puestos de decisión y tienen o tuvieron una estrecha relación con autoridades de los órganos Ejecutivo, Judicial y de gobiernos subnacionales, podría haber sumado confianza.

De todas maneras, el objetivo es cumplir el desafío histórico de transformar la administración de justicia, postergada hace más de una década por interés absolutamente partidario, algo que ya provocó el fracaso de la primera elección directa de las máximas autoridades judiciales (2011).

De hecho, limitar al CEUB a participar solo en dos fases de la preselección: evaluación de méritos y examen escrito y no en la entrevista, sin un argumento convincente, resta la expectativa sobre este proceso. Además, se suman cuestionamientos a algunos delegados del CEUB, como al representante de la Universidad Autónoma de Beni, porque cuando fue presidente del Tribunal Electoral Departamental (2015), 208 candidatos de la oposición fueron inhabilitados de los comicios subnacionales.

La Universidad Mayor de San Andrés, como parte del CEUB, cuestionó interna y públicamente a algunos de los delegados y se retiró de la preselección. El MAS minimizó la decisión enarbolada por el rector Waldo Albarracín y la calificó de política.

Llama la atención que este año la respuesta de profesionales a la convocatoria de preselección haya sido menor a la de 2011, incluso con la ampliación de los plazos que promovió el MAS. Un total de 492 profesionales se registró, pero sin cumplir la cuota legal de género y plurinacionalidad.

En todo caso, tanto para el votante como para los periodistas que buscamos calidad de la información saltan varias dudas: ¿Acaso la Asamblea Legislativa ha perdido credibilidad por la forma fallida de preselección de aspirantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional el 2011 y la cuestionada designación de exfuncionarios públicos en la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado? ¿O cuánto pesó la forma en que fueron enjuiciados los magistrados de Tribunal Constitucional? ¿Estará el pueblo destinado a convivir otros seis años con autoridades judiciales sin legitimidad? ¿Con una administración de justicia devastada por denuncias de extorsión y corrupción? ¿Estaremos otra vez ante una administración que no hace justicia para el ciudadano?

Éstas son interrogantes que posiblemente sean anticipadas, porque no conocemos a los candidatos, desconocemos sus méritos, su trayectoria profesional y mucho menos podemos saber ahora sobre la calidad humana y ética de quienes aspiran a ser máximas autoridades judiciales.

Pero lo que sí conocemos es que en las cárceles del país hay más de 15.000 privados de libertad de los que el 68% no tiene sentencia, es decir, que la gran mayoría permanece en los penales con detención preventiva. Sabemos del hacinamiento y que los centros penitenciarios no tienen condiciones de habitabilidad y así los privados de liberad no tienen vida digna.

Conocemos la actitud predispuesta de muchos fiscales y jueces por quedar bien con el poder político; que actúan con “eficiencia” y con una celeridad que sorprende cuando son asuntos de “Estado”, pero no se ve esa misma conducta con el ciudadano que peregrina buscando justicia.

El MAS, en su defensa, ante los cuestionamientos sobre el proceso de preselección sostiene que los opositores “no tienen moral” para cuestionar porque en “el pasado neoliberal” se activó el cuoteo vergonzoso. Y es cierto.

El expresidente Carlos Mesa lo describe de manera precisa en su libro Presidencia sitiada (2008). Incluso desde un subtítulo: El cuoteo como método que describe: “El cuoteo era un dogma que los operadores no aceptaban poner en tela de juicio”.

“Días y días en estériles discusiones en torno a cuántos cargos para cada partido, agravados por el reciente ingreso de NFR al Gobierno. Era una historia loca que terminó mal”, anota el exmandatario (2003-2005).

Por supuesto que nadie quiere que este cuoteo se repita. Pero tampoco el cuoteo del MAS a través de sus organizaciones sociales afines como sucedió hace más de cinco años ni que los dos tercios del oficialismo se impongan para elegir a candidatos sin trayectoria académica, profesional y laboral.