Los avances alcanzados para acortar la desigualdad entre hombres y mujeres fueron destacados junto a la participación política como uno de los principales logros (1); el mismo año, la Presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, recibió en representación del Estado boliviano un premio otorgado por el Foro Mundial de Parlamentarias, celebrando que el país lideró el cierre de la brecha de género en Sudamérica (2).

En 2015, la Organización de Naciones Unidas (onu) anunció que Bolivia avanzó en garantizar la participación de las mujeres en espacios legislativos hasta ocupar un lugar en la lista de los 10 países con mayores logros, de un total de 174 monitoreados por esta entidad (3).

Las mujeres bolivianas han consolidado en los últimos 10 años mayores espacios de participación. La Constitución Política del Estado (cpe) reconoce la igualdad de la mujer y los principios de paridad y alternancia para todos los cargos electos por sufragio universal, la Ley 026 del Régimen Electoral recoge estos imperativos y establece a la luz del principio de equivalencia que la democracia boliviana está sustentada en la equidad de género, así como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de derechos individuales y colectivos.

Por esto, la paridad y alternancia deben ser observadas en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación en la elección interna de las dirigencias y candidaturas en organizaciones políticas.

Sin embargo, no es menos cierto que el reconocimiento formal constituye apenas el primer eslabón, porque la historia de la conquista de los derechos evidencia que el momento en que estos imperativos entran en contraste con la realidad es donde se vislumbra las barreras estructurales para la igualdad sustantiva de la mujeres.

Esto comienza por debilidades en el ámbito presupuestario y las prioridades en las agendas institucionales y –no menos crítico– el mantenimiento de los paradigmas patriarcales conservadores que menoscaban o limitan las capacidades de las mujeres.

No se puede hablar de equidad de la mujer en tanto no se remueva los obstáculos de índole económico, cultural, lingüístico, social y relaciones asimétricas de poder que impiden a las mujeres, desde sus necesidades diferenciadas y pluralidad, que accedan en condiciones de igualdad al desarrollo pleno y calidad de vida bajo un nuevo modelo de relaciones sociales entre géneros, donde “los hombres y las mujeres aporten a través de la redistribución social equitativa, compartiendo los espacios público y privado, las decisiones, las oportunidades, las responsabilidades familiares, profesionales, políticas, económicas y los recursos, incluido el tiempo” (4).

El ámbito judicial

Las reformas introducidas los últimos 20 años en el tema de acceso a las carreras fiscal, judicial y defensa pública –al menos en el aspecto formal– garantizaron posibilidades de ingreso indistinto para hombres y mujeres, no obstante, no sucedió lo mismo con el acceso a las magistraturas y altos cargos, cuyo nom- bramiento era competencia del entonces Congreso Nacional (previa reforma constitucional) con base en listas elaboradas por el Consejo de la Judicatura.

Con la aprobación del texto constitucional en 2009 y la Ley 026, este panorama hoy es distinto y las mujeres tienen mayores posibilidades para el acceso a cargos en las magistraturas, aplicando las fórmulas de paridad y alternancia consignadas en la norma. Empero, dichos imperativos no lograron equiparar la participación en el acceso a cargos en los tribunales ni en oficinas departamentales y distritales.

Una mirada general a la composición de las magistraturas titulares y cargos de representación nacional y departamental en el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), Fiscalía General del Estado Plurinacional y Servicio Plurinacional de Defensa Pública permiten vislumbrar dichos avances y posibles desafíos:

Tribunal Supremo de Justicia

Solo el 33 por ciento de las magistraturas titulares está ocupado por mujeres, es decir que hay seis varones titulares y solo tres mujeres.

Consejo de la Magistratura

El 40 por ciento de las consejerías titulares está ejercido por mujeres, es decir que, de cinco titularidades, dos están en manos del sexo femenino.

Tribunal Agroambiental

El 43 por ciento de las magistraturas titulares está ejercido por mujeres, ellas son tres y los hombres cuatro.

Tribunales departamentales de justicia

El 33 por ciento de las presidencias de los tribunales de justicia en los nueve departamentos es ejercido por mujeres. Solo en Cochabamba, Santa Cruz y Potosí figuran mujeres en el cargo.

Tribunal Constitucional Plurinacional

El 29 por ciento de las magistraturas titulares es ejercido por mujeres. Es decir que, de siete titulares, cinco son hombres.

Fiscalía General y fiscalías distritales

El cargo de Fiscal General del Estado actualmente es asumido por un varón, lo mismo que en el 90 por ciento de las fiscalías distritales, solo Oruro se encuentra a cargo de una mujer (5).

Servicio Plurinacional de Defensa Pública

La Dirección Nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep) es asumida por un varón y el 67 por ciento de las direcciones departamentales de esta entidad por mujeres. Cochabamba, Chuquisaca y Pando están a cargo de hombres.

Presidencias y direcciones de las instituciones del Sistema de Justicia Ordinaria

Al margen de los datos planteados respecto a la conformación de las magistraturas y autoridades departamentales que intervienen en la administración de justicia ordinaria, es importante mencionar que las presidencias y cargos con mayor jerarquía (direcciones, representaciones nacionales) en dichas instituciones están asumidas íntegramente por personas del género masculino.

En este sentido, la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General del Estado Plurinacional y la Dirección Nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública están ocupadas por hombres.

Pese a los avances normativos que promueven mayor igualdad sustantiva en la participación de las mujeres en los espacios de decisión, el camino para efectivizar este derecho en todas las es- tructuras en el ámbito judicial aún es amplio y complejo, en tanto no se desarrolle medidas positivas para efectivizar la paridad de estos cargos, manteniéndose entre ambos géneros similares procedimientos de tratamiento.

El análisis integral de estas diferencias probablemente contribuiría a quebrar los paradigmas en las relaciones de poder y cambiar “con mirada de mujer” los estándares de eficiencia y competitividad para el ejercicio de estos cargos.

El proceso de incorporación de las mujeres al ámbito laboral-judicial en espacios de toma de decisión implica conquistar múltiples barreras como las brechas económicas, culturales, lingüísticas y de acceso a la educación que, generalmente, concurren como un factor limitante para el desarrollo de la mujer.

Por otra parte están los esfuerzos que las mujeres deben realizar para competir en términos de capacitación y méritos en el espacio laboral, sin tener herramientas para conciliar sus responsabilidades dentro de la familia, siendo madres, esposas y/o jefas de hogar, lo que implica menor tiempo disponible en relación a los hombres que compiten bajo los mismos estándares por puestos de ascenso.

Finalmente, hay persistencia de las lógicas androcentristas (el hombre como centro) y conductas conservadoras que aún no han sido superadas pese a los avances generados en la legislación.

Notas

1. Economía Bolivia, “Bolivia Avanza tres posiciones en el índice de género mundial”, 25 de octubre de 2013, disponible en: http://www.economiabolivia.net/2013/10/25/bolivia-escala-tres-posiciones-en-el-indice-de-genero-del-foro-economico-mundial/

2. Universia Bolivia, “Bolivia recibió premio por lucha contra la brecha de género”, 2 de diciembre de 2013, disponible en: http://noticias.universia.com.bo/en-portada/noticia/2013/12/02/1067226/bolivia-recibio-premio-lucha-contra-brecha-genero.html

3. La Razón, “ONU destaca la presencia de la mujer en la política”, 9 de agosto de 2015, disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/ONU-destaca-presencia-mujer-politica_0_2322367833.html

4. Muévete por la Igualdad: Es de Justicia, Adela García (2009), disponible en: http://mueveteporlaigualdad.org/docs/genero_desarrollo_humano_castellano.pdf

5. El Fiscal Distrital de Potosí se encuentra en el cargo en calidad de interino a partir de julio de 2015, cuando renunció la jurista que ejercía el cargo.