El proyecto de Ley de Sistemas Penales concentrará 413 delitos creados por 40 diferentes leyes, lo cual demuestra que la actual política criminal del Estado se empeña en criminalizar la conducta en forma sistemática, generando confusión y retardación de justicia, según revela el proyecto en consideración de la Asamblea Legislativa.

Señala que la dispersión de normas sobre infracciones penales impiden, a su vez, la construcción de una política criminal coherente con sanciones armónicas, promover la cultura de paz y en contrapartida se empeña en producir una administración de justicia ineficiente.

De acuerdo al análisis, el sistema penal boliviano tiene un diseño vertical, tradicional y burocrático que no permite atender la demanda de justicia, ni la reparación a las víctimas, mostrando un colapso acumulado durante los últimos 40 años.

Aclaran que la actual estructura judicial, ya no responde a la conflictividad social, a los valores esenciales y no contribuye en la construcción de una sociedad justa, cimentada en la descolonización y la protección en igual dignidad de los bolivianos.

Justifica ese diagnóstico con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. De las 15.056 personas recluidas en las diferentes cárceles a nivel nacional, 10.212, (67.83%) se encuentran sin tener sentencia, el 82% de éstas no tienen instrucción escolar, entendido como otra señal que Bolivia tiene un modelo que castiga la pobreza.

Asimismo indica que los registros del Consejo de la Magistratura reportan 254.737 causas en situación de mora procesal, debido a que anualmente ingresan 136.072 casos a nivel nacional que se acumulan a los anteriores, de los cuales sólo 25.410 son resueltos por alguna salida alternativa.

El informe subraya que la retardación de justicia es un problema central, ya que el 86.18% de las causas penales se encuentran en etapa preparatoria – investigación, 12.2% en etapa de juicio y apenas el 1.62% ante juzgados de ejecución, debido principalmente a los procedimientos ineficientes, ritualistas y dilatorios, que estimulan la corrupción y la chicana, perpetuando la injusticia y la impunidad.

Por ese motivo, el nuevo Código del Sistema Penal procura la protección de la vida, la dignidad; la integridad física, psicológica y sexual; la madre tierra; la solidaridad social y colectiva; el bienestar común; la economía plural; el servicio público; la seguridad del Estado y la humanidad, cambiando el paradigma de la justicia punitiva hacia la justicia restaurativa.

Asegura que se procura la solución antes que la venganza, protegiendo a la víctima para el establecimiento de una sociedad que fomente el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

El proyecto contiene tres partes y 666 artículos, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones adicionales, y tres disposiciones abrogatorias y derogatorias que serán consideradas en los próximos días.