Un proyecto del Tribunal Supremo de Justicia plantea el incremento de magistrados de nueve a 18 y lo propio en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de siete a 14. El tema está en debate en las comisiones interorgánicas conformadas por autoridades judiciales, del Legislativo y el Ejecutivo.

En el TSJ, el decano Jorge von Borries justificó este requerimiento de nombrar más magistrados en vez de asistentes para conformar seis tribunales de juicio de tres magistrados cada uno, lo que permitiría acelerar el trámite de los juicios de responsabilidades pendientes de autorización en la Asamblea Legislativa.

“Estoy pidiendo que se haga de inmediato porque ya no podemos seguir con las causas normales, cada vez hay más recursos contenciosos que es imposible despachar”, aseguró von Borries.

El magistrado dijo que aproximadamente 148 procesos están para autorización en la Asamblea Legislativa y serán remitidos a juicio de responsabilidades a este alto Tribunal de Justicia en los que están involucrados ex prefectos, ex alcaldes y ex ministros que serán procesados con la anterior Ley de juicio de responsabilidades.

Por su parte, el TCP, además de las salas constitucionales en los departamentos, sugiere el incremento de siete a 14 magistrados. Su presidente, Oswaldo Valencia, informó que en la última reunión de la subcomisión interorgánica, las autoridades judiciales también pidieron el incremento del número de vocales y la modificación de atribuciones de los juzgadores para hacer más dinámica la administración de justicia.

En las reuniones de la subcomisión, según palabras del viceministro de Justicia, Diego Jiménez, se hace un trabajo técnico sobre las propuestas que pasan a una Comisión a cargo de los dos presidentes de las cámaras del Legislativo.

CONTENCIOSOS

Según datos del Decano Jorge von Borries, en la extinta Corte Suprema de Justicia ingresaban alrededor de 300 causas contencioso administrativas al año, en 2015 se incrementaron a 900 y en 2016 a 1.800, este año podrían superar las 2.000.

Agregó que hay más procesos contencioso - administrativos en materia social de personas que reclaman beneficios sociales por los años de trabajo en una pugna con las empresas públicas y privadas.