Reconocidos por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales pero relegados por el Estado, así se sienten las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) que ayer realizaron su primer cabildo del año con la intención de fortalecer la igualdad de jerarquía y la coordinación con el resto de los tribunales judiciales del país.

A la cabeza de los tatas miembros de la JIOC elegidos el año pasado en Sucre, los delegados de las naciones indígenas originarias del país se reúnen para evaluar los avances en la consolidación de esta jurisdicción que exige un presupuesto e igualdad de jerarquía en el Estado Plurinacional.

El tata Carlos Juan Callahuara, uno de los nueves miembros del Tribunal de Justicia Indígena, admitió que se sienten debilitados pero este cabildo tiene la finalidad de fortalecer a la justicia indígena y si es posible elegir nuevos miembros del Tribunal.

“Duele que teniendo el respaldo de la Constitución y los tratados internacionales no recibimos ninguna colaboración del Estado, eso duele, pero no perdemos la esperanza que con humildad conseguiremos lo que nos corresponde por derecho”, aseguró Callahuara.

Por su parte el ex curaca de la nación yampara Humberto Guarayo resaltó algunos avances en este proceso de consolidación de la JIOC, como la reconstitución de los consejos en las comunidades y algunos fallos constitucionales sobre la personalidad jurídica de los indígenas y la declinación de competencias a esta jurisdicción en el marco de la igualdad de jerarquía y pluralismo jurídico.

Guarayo recordó que en la Cumbre Judicial fueron relegados y no son parte de las soluciones de la crisis de la jurisdicción ordinaria, en su criterio debían convocar a todo el sistema judicial para analizar la realidad y cómo resolver las dificultades en el servicio de justicia.

En el debate, también hubo una autocrítica hacia los miembros de la JIOC que no asumen sus competencias y recordaron que en coordinación con el IDIF se nombraron peritos especializados en derechos humanos e indígenas pero que tampoco son requeridos por las autoridades indígenas.