De acuerdo con la normativa, la comisión será presidida por el Ministro de Justicia y estará integrada por los presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, dirigen la entidad el Fiscal General del Estado, el Ministro de Gobierno, el Procurador General del Estado y un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.

La iniciativa establece que la comisión estará vigente hasta el cumplimiento de sus funciones contenidas en la norma y sus miembros tienen el deber de asistir a todas las sesiones de trabajo.

Según lo dispuesto, el nuevo ente deberá antes de 30 días proponer mejoras al proceso de preselección y elección de magistrados y consejeros del Ã'rgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Antes de tres meses, tiene la tarea de elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en ejercicio de funciones y el reglamento de la carrera judicial y fiscal en las universidades, una vez constituida la misma.

La Comisión coordinará, hará seguimiento y fiscalizará las etapas del proceso de evaluación de las autoridades judiciales y fiscales, y el ingreso a la carrera judicial de autoridades del ramo en los próximos tres años, explica un boletín institucional.

Asimismo, deberá promover y coordinar con las instancias correspondientes el diseño y la aprobación de un nuevo currículo universitario para la carrera de Derecho.

También propondrá ajustes al modelo de gestión procesal en el Ã'rgano Judicial, Ministerio Público e instancias de investigación de la Policía, que permita la modernización y eficiencia del sistema de justicia.

Otra de sus tareas será promover y hacer seguimiento a la implementación del gobierno electrónico en el Ã'rgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público e instancias de investigación de la Policía.

El proyecto de ley establece la cantidad y cualidad de los miembros que conforman la Comisión bajo principios de coordinación y cooperación y delimitación de funciones.

Adicionalmente, fija el periodo de funcionamiento, forma de financiamiento, así como el deber de informar al pueblo boliviano sobre los avances del proceso de implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia.

El proyecto aprobado previamente por la Cámara de Diputados será remitido a la consideración y firma del presidente Evo Morales.

Entre las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, efectuada en junio de 2016 en la ciudad de Sucre, se estableció como principio la necesidad de propiciar una profunda reforma del sistema judicial y el marco normativo del país.