El video es repulsivo. Desde la actitud, displicente y desagradable de Barrientos, que además tutea y muestra desprecio por la desesperada madre del acusado, hasta la inquisitiva manera en que  la secretaria apaga el celular y requisa su cartera, todo es repelente. La filmación tiene todos los elementos necesarios para haber generado la ira popular: el regateo del juez, la implicación del fiscal, la mezcla de distancia y, después,  un supuesto interés en "ayudar” a la litigante mediante un "pago rebajado”, etc.

Si a una mujer de escasos recursos se le puede pedir, sin empacho, 15.000 dólares por un caso de "abuso deshonesto” aun no debidamente esclarecido, ya nos podemos imaginar a cuánto ascienden las "tarifas” que estos jueces y fiscales cobran para casos de corrupción o delitos más resonantes y más graves.

El problema no es el juez Barrientos y sus cómplices. No. El problema es que esta práctica está generalizada y extendida hasta en el último rincón del país. La justicia tiene varios problemas, como la retardación, la falta de recursos materiales y humanos, exceso de trabajo, etc. Pero uno de los más importantes es la simple y llana corrupción, aquella que se expresa en la extorsión de los operadores de justicia a los desesperados litigantes. Ello conforma un sistema judicial despersonalizado y deshumanizado en el que ni víctimas ni acusados pueden aspirar a tener justicia. Porque incluso pagar no  deriva en resultados positivos. Una vez que una persona ingresa en el círculo vicioso de las coimas,  éstas no terminan. Juez y fiscal siempre podrán exigir más y más pagos.

Debido a que el sistema judicial está cruzado por redes irregulares en las que actúan jueces, fiscales, abogados y policías, quienes denuncian la corrupción se ponen en una situación de alto riesgo. La madre del muchacho acusado que filmó al juez y a sus cómplices podría ser presa de  represalias, no necesariamente de estos precisos delincuentes, sino de otros jueces y otros fiscales a quienes les toque ver el caso en el futuro. Los operadores de justicia actúan de manera coordinada, y cuando se toca a uno de ellos, todos se sienten afectados. La mujer que tuvo las agallas de hacer la denuncia debe tener la protección del Estado.

¿Cómo solucionar este problema? Es la pregunta que no tiene respuesta. A pesar de las rápidas sanciones a los implicados en este caso,  el Gobierno no tiene ni la menor idea de qué pasos dar en ese sentido. Lo único que hizo fue aprobar la  elección de magistrados por voto popular, lo que  no hizo más que empeorar la situación.

La difusión de este cruento  video es la expresión descarnada de la putrefacción de la justicia boliviana; ninguna decisión ejemplarizadora devolverá a los ciudadanos un ápice de confianza en ella. Es de esperar que esto motive a las autoridades a actuar: se necesitan más y mejores jueces y fiscales, cuya contratación debe ser producto de competencia transparente y supervisada, que ganen montos elevados y que tengan equipos de colaboradores más eficientes y numerosos. A la par, deben aprobarse normas que reduzcan la "chicana judicial”, que eviten que los juicios sean suspendidos en ocasiones hasta 80 o más veces, y que se implante, de una vez  y de manera seria, el sistema de resolución de conflictos, que está en marcha a medias y es parte de las reformas en el Código de Procedimiento Penal.
En algún momento hay que empezar. Un equipo de abogados, de distinta tendencia jurídica y política, debería trabajar  para presentar un plan de acción al Gobierno. Y empezar a aplicarlo. Organizar una "cumbre judicial”, como quiere hacer el gobierno, no resolverá el tema en absoluto. En este caso se requiere no de discursos, sino de trabajo silencioso, técnico y profesional. Y urgente.