La retardación de justicia en Bolivia no solo tiene el lamentable efecto de tener los centros de reclusión del país en condiciones de hacinamiento, sino también a los juzgados llenos de causas que, en las condiciones actuales, tardarán muchos años en resolverse. Tómese por ejemplo el caso de La Paz, donde hasta noviembre de 2016 había más de 270.000 juicios.

En efecto, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en 2015 se contabilizó casi 300.000 juicios, lo que significó un incremento de casi 15.000 con relación a 2014 y 87.000 más que en 2013.

Para la Presidenta del TDJ paceño, estas cifras tienen como origen la falta de personal, recursos e infraestructura que padece el Órgano Judicial. Así, de acuerdo con la citada autoridad, la principal causa de la retardación de justicia en los tribunales paceños es la falta de equilibrio entre la cantidad de causas y trámites judiciales, y el número de administradores de justicia: los más de 270.000 procesos contabilizados debieron ser atendidos por apenas 240 jueces y 17 vocales.

Según los datos que aquí se citan, la mayor parte de los juicios en La Paz son de materia penal y atendidos por 90 jueces, lo que significa que cada magistrado debe resolver unos 1.125 procesos cada día; el resto de los juicios son de materia civil y familiar. Entre las causas para esta sobrecarga de trabajo para los jueces está, además de la acumulación de casos a lo largo de los años (derivada, entre otros aspectos, de las prácticas de jueces y litigantes, que incluyen diversos mecanismos de retardación comúnmente llamados “chicanas”), una marcada tendencia a la judicialización de los conflictos entre partes.

Coincide con esta idea el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien en una entrevista con La Razón reconoció que “existen malas prácticas forenses, eso es indudable y es un mal que aqueja al sistema de Justicia desde hace bastante tiempo”, agregando que “esa situación hace que la labor y el compromiso profesional y ético de la mayoría de los abogados se vea opacado e incluso absorbido por esas malas prácticas”.

Precisamente por ello, al inicio del año judicial el Presidente del Estado anunció nuevas leyes destinadas a sancionar a jueces y abogados que se dediquen a esas prácticas. Sin embargo, la máxima autoridad del Órgano Judicial opina que esas medidas “requieren de una mayor precisión para su aplicación”.

Finalmente, todas las autoridades judiciales coinciden en que la solución a la mora procesal pasa, además de nuevos y mejores códigos, por asignar más presupuesto al Órgano Judicial; el Presidente del TSJ pide al menos el 3% del Presupuesto General del Estado, tema que sin duda seguirá siendo el gran asunto pendiente en el debate público, lo cual permite suponer que la verdadera transformación de la Justicia boliviana está todavía lejana.