En su reciente informe de gestión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha dado cuenta que en materia penal en el departamento de Santa Cruz, de 89.808 causas existente en la gestión 2016, solo se resolvieron 30.393, quedando pendientes 59.415 causas para esta nueva gestión. Lo cual equivale a solo el 34% de causas judiciales viabilizadas en dicha materia. 

"Ante el crecimiento cada vez más del conflicto y la litigiosidad; el resultado, sin duda, es la existencia de una alta carga procesal totalmente desproporcionada en relación a la cantidad de jueces", argumentó Pastor Mamani, presidente del TSJ.

En tanto, David Rosales, presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), admitió que la administración de justicia sigue con la alta carga procesal por tres aspectos: un escaso presupuesto, la falta de jueces y una mejor infraestructura. 

"Evidentemente, todos los años se registra un incremento de 15% de casos en materia penal.  La carga procesal es totalmente desproporcional con la cantidad de jueces y funcionarios que hay",  señaló Rosales. 

Situación insalvable. El TSJ, en su informe, señala que la mora procesal sigue siendo un problema difícil de superar en un plazo inmediato. "El 2 de enero de 2012, se recibió más de 8.600 causas pendientes por resolver desde la gestión 2006 que dejó la extinta Corte Suprema de Justicia, a las que se sumaron las causas que ingresaron en posteriores gestiones", enfatiza el informe. 

A ello se sumó, prosigue el informe, que a partir del segundo semestre del 2016 se sufrió un recorte presupuestario como efecto de la aplicación del principio de gratuidad y de la Ley del Notariado, que ocasionó la disminución del personal calificado.

"La construcción de la nueva justicia, no fue asumida en su verdadera dimensión por el ex Consejo de la Judicatura, ni por el actual Consejo de la Magistratura, porque lejos de cumplir el mandato constitucional, se centraron en burocratizar su estructura administrativa", denunció Mamani.

En respuesta a ello, Wilber Choque, presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que dicha instancia solo cumple una labor de control, cuando la potestad la tiene el TSJ, quienes además manejan la dirección administrativa financiera. "Nosotros solo hacemos el control a los operadores de justicia. Ellos manejan la administración financiera y son ellos quienes incrementan los presupuestos y la burocracia. En todo caso tenemos que ir avanzando en la construcción de la nueva justicia. Es tarea de todos", señaló.

A nivel de los departamentos. En la gestión 2016, recapitula el informe, que en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) conformados tanto por sus Salas Especializadas, Juzgados y Tribunales de Capitales y de Provincia de todas las materias; la carga procesal alcanzó un total de 677.617 causas, de las cuales fueron resueltas 324.585.

En referencia a la asignación presupuestaria al Órgano Judicial en relación al Presupuesto General del Estado, en las últimas cuatro gestiones contempló un promedio inferior al 0,50%. "No alcanzó ni al 1% del total del Presupuesto General del Estado, lo que incide en que actualmente solo se cuente con 1.000 jueces para una población de más de 10 millones de habitantes; situación que debe modificarse, para avanzar en la nueva justicia que todos queremos", sintetiza el informe presentado por Mamani.

Datos
Amerita crear más ítems pero también asignar más recursos

Infraestructura. La falta de infraestructura es notoria en el caso de Santa Cruz, donde se sumaron las audiencias orales pero no se dispuso de ambientes adecuados para su desarrollo.

Promedios.  La asignación presupuestaria tuvo la siguiente correlación en los últimos años: para el 2013 el 0,59%; para el 2014 el 0,52%; para el 2015 el 0,55% y para la gestión 2016 el 0,56%.

Predios. Desde la gestión 2012 a la fecha se desarrollan más de 25 obras de inversión pública, cinco de las cuales se ejecutaron el 2016.