La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos que agrupa a 40 organizaciones de la sociedad civil boliviana, ante el reciente anuncio del tratamiento del Anteproyecto de Ley de “Prevención y Lucha contra las Pandillas con Fines Delictivos” como articulación social que desde hace varios meses monitorea y acompaña la implementación del sistema penal para adolescentes en Bolivia emitimos el siguiente pronunciamiento:
Primero: Valoramos el interés y compromiso del Estado boliviano por establecer políticas dirigidas a prevenir la violencia juvenil, así como establecer un soporte institucional en los tres niveles del Estado (Central, Departamental y Municipal) con corresponsabilidades para la formulación, desarrollo y evaluación de las políticas encaminadas a la prevención y lucha contra las pandillas organizadas con fines delictivos y la protección y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la población y contribuir a una cultura de paz.
Segundo: Ponderamos la creación de una División de la Policía de Lucha contra las Pandillas organizadas con fines Delictivos, iniciativa que puede propiciar el establecimiento de la Unidad Policial Especializada que demanda el Sistema Penal para Adolescentes dispuesto por el Código de la Niña, Niño y Adolescente en su art. 276.c), en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos, con especial atención en las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad).
Tercero: Expresamos nuestra preocupación frente a la posibilidad de introducir modificaciones al ordenamiento penal y especialmente al Código Niña, Niño y Adolescente, debido a que tales medidas son contrarias al principio del Interés Superior del Niño y al sentido de una justicia especializada con prácticas restaurativas modelo del nuevo sistema penal boliviano para adolescentes.
La promulgación de la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, ha constituido uno de los principales hitos en materia de adecuación legislativa desde la perspectiva de la doctrina de protección integral y el enfoque de Derechos Humanos. Dicho cuerpo normativo fue elaborado y discutido sobre la base de estudios y fuentes de información empírica que sustentaron la necesidad de despojar al sistema del enfoque retributivo tradicional, que ha demostrado ser ineficaz y vulnerador en la práctica.
Alertamos que la posibilidad de modificar la fórmula de atenuación de las penas para ciertos delitos (en orden de gravedad), vulnera el principio de igualdad ante la ley, una condición necesaria para el Estado Democrático de Derechos Humanos. A su vez la medida es contradictoria al modelo socio-educativo de intervención mínima en adolescentes con responsabilidad penal, al principio de progresividad de los Derechos Humanos establecido por la Constitución (CPE 13.I.) y, por tanto, a la prohibición de regresividad.
Respecto a la modificación al Art. 132 del Código Penal -previsión del agravante en caso de formar parte de una pandilla con fines delictivos- recordamos que tal medida vulnera el principio de presunción de inocencia como base de las garantías de un debido proceso, por cuanto para ser considerada y tener efectos dentro del cómputo debiera ser probada en un juicio separado, de acuerdo al razonamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia N° 056/2014 de 3 de enero del 2014, fundamento III.5.2. que declaró inconstitucional la consideración de pertenencia a asociaciones delictuosas como riesgo procesal, de no haber sido probada en un proceso separado.
Cuarto: Felicitamos los avances y el interés que el Estado ha demostrado los últimos años en el camino a consagrar un sistema especializado para adolescentes con responsabilidad penal y la propuesta de elaborar una Política Pública de Prevención, Atención y Reintegración de Integrantes o Víctimas de Pandillas con Fines Delictivos, solicitando que para tal fin se priorice los recursos económicos, humanos, de especialización e infraestructura necesarios para alcanzar los resultados positivos que todos deseamos y esperamos en su implementación.
Por lo expuesto, llamamos a que se reflexione en torno a las modificaciones legales del proyecto en mención, con el propósito de no incurrir en un grave retroceso de los Derechos Humanos que ponga en riesgo la seguridad que todos anhelamos.
