Somos ciudadanos del siglo XXI conviviendo con un aparato público del siglo XIX. Basta pasar unos minutos dentro de una instancia pública intentando acceder a información oficial para que esta afirmación se pegue a fuego en la piel.

La transparencia hacia el ciudadano no está dentro del glosario cotidiano de las instancias públicas ni tampoco en el vocabulario de los servidores públicos. Temen el escrutinio público y defienden a ultranza la cultura del statu quo.

Y esto debe preocuparnos y mucho. Porque si bien la información producida por el Estado es un bien común, se halla bajo un velo de secretismo que no hace más que restar. Y resta porque es a partir de los procesos de apertura de datos públicos que la sociedad civil organizada tiene la opción de participar en la construcción de país. Resta porque es con el análisis de las estadísticas que genera el Estado que podemos tener la posibilidad de proponer y participar en la elaboración de políticas públicas. Resta porque es munidos de información oficial que podemos ser parte del control social sobre lo que hacen quienes nos gobiernan y alertar sobre medidas gubernamentales que consideramos necesarias.

Aquí de lo que se trata es de sumar y para hacerlo requerimos instancias públicas que nos brinden la información sobre el funcionamiento del Estado de forma detallada, desagregada, sistematizada, gratuita y reutilizable. Tenemos el derecho como ciudadanos y como colectivos de la sociedad civil de buscar, recibir y difundir documentos e informes que son sujetos de escrutinio público.

Es el Estado el llamado a garantizar este derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, como en los artículos 21, 24, 28 y 106. Se trata, sin embargo, de letra muerta. Porque no importa si se trata de una oficina del municipio, de un ministerio o del Legislativo, tener acceso a información pública puede fácilmente resentir el hígado del ciudadano que se aventura a navegar por los engorrosos procesos que se requieren para acceder a los datos producidos por el Estado.

Y para agravar esta situación, hay que recordar que Bolivia es uno de los pocos países del continente que aún no cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, norma básica para asegurar los estándares mínimos de transparencia dentro de los gobiernos que garantizan que la información pública esté realmente a disposición del conjunto de la sociedad sin mayores trabas. Llevamos años esperando que esta ley salga a la luz. Pero no lo hará y se mantendrá en las tinieblas hasta que oficialismo y oposición asuman de una vez la decisión política de impulsar esta norma y de implementarla a cabalidad.

Bolivia se halla rezagada en el contexto internacional en lo que a procesos de transparencia y rendición de cuentas se refiere. En los últimos años, muchos países del mundo han adoptado estándares de transparencia a sus gobiernos y han abierto aspectos de su gestión a los ciudadanos. Esta apertura se alinea con los objetivos del movimiento por el gobierno abierto, que busca generar conciencia sobre la importancia de pasar de un sistema de secreto o con falta de información a uno abierto y participativo. Para eso, se deben implementar políticas amplias y eficaces de acceso a la información, gobierno abierto y datos abiertos.

Y aquí la sociedad civil organizada tiene su cuota de responsabilidad. Porque deben ser las voces de la sociedad civil las que deben exigir a nuestros representantes y autoridades que asuman su responsabilidad de sacar al aparato público del oscurantismo en el que se encuentra y encaminarlo hacia el rumbo de la transparencia, la participación, la colaboración y la apertura de datos. Todos estos ejes permitirán a las instancias del Estado aumentar su legitimidad, mejorar sus procesos de rendición de cuentas y tender puentes más directos con quienes deben ser su máxima prioridad: los ciudadanos.