A su vez el documental reflexiona sobre el costo social y económico de las sanciones en la familia de las personas dependientes de las mujeres condenadas y/o procesadas por estos delitos, puesto que si bien se les demuestra su culpabilidad en los hechos, el proceso de investigación rara vez puede comprobarles su participación en grandes redes criminales, demostrarles conductas violentas u otros elementos que permitan justificar que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

El documental es parte de la serie “Prisión Preventiva y Derechos Humanos”, realizado por CONSTRUIR, CISTEM y Hechos Imaginarios con el apoyo de la Unión Europea en Bolivia y busca contribuir a la discusión sobre los desafíos de la reforma al sistema penal y el sistema penitenciario desde una perspectiva de Derechos Humanos a partir de la toma de conciencia sobre el impacto de los problemas de la administración de justicia penal en la situación penitenciaria, abogando por una respuesta preventiva al problema de la criminalidad, el uso limitado de la prisión preventiva y consagrar las garantías de un debido proceso en la persecución penal.

“Mujeres detrás de la 1008”  aborda la necesidad de enfocar la persecución penal en los delitos de mayor relevancia y ampliar los programas de protección estatal desde la perspectiva de soluciones alternativas y/o medidas que permitan revertir la tasa de mujeres privadas de libertad por situaciones de micro tráfico.

Para ver el documental: 

Taller “Políticas de control de drogas, mujeres y privación de libertad”

En el taller Antonino de Leo representante de la ONUDC en Bolivia, inició el debate exponiendo cifras su Informe Mundial sobre las Drogas 2016, precisando que el 12% de las mujeres privadas de libertad en el mundo se encuentran en esta situación por delitos relacionados a las drogas, sin embargo una gran mayoría de ellas se han desempeñado como mulas  a cambio de pequeñas sumas de dinero, por lo que este enfoque punitivo que generalmente caracteriza las legislaciones de la región tiene un fuerte impacto en la criminalización de la pobreza y en el mantenimiento de los vínculos familiares “cuando se encarcela a una mujer, se encarcela a la familia” destacó De Leo recordando a los Estados de la región la recomendación de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas sobre suprimir penas privativas de libertad a delitos de consumo o narcomenudeo.

Además, Jenny Vaca Directora del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, enfatizó la necesidad de abordar políticas y planes alternativos a la privación de libertad para mujeres pobres que acuden a la comisión de estos delitos por su situación precaria, precisando la necesidad de promover el cumplimiento de los principios de objetividad y uso limitado del poder punitivo en las reformas a fin de generar una persecución penal estratégica. La panelista destacó asimismo las buenas prácticas impulsadas en el país los últimos años principalmente a partir de los decretos de indulto y amnistía que han permitido a mujeres procesadas por estos delitos recuperar su libertad.

Asimismo, Jorge López Director Nacional de Régimen Penitenciario, precisó que de un total de 1157 mujeres privadas de libertad a nivel nacional 448 se encuentran por delitos relacionados al régimen de sustancias controladas, a tiempo de explicar el conjunto de acciones que dicha instancia viene impulsando para fortalecer la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad, en las que el mejoramiento de las condiciones de vida son un objetivo preferencial en el marco de los derechos humanos y normativa vigente en el país. Sin embargo reflexionó sobre los problemas en la Administración de Justicia penal, principalmente el uso de la prisión preventiva, la mora procesal y la corrupción, abogando por una reforma que permita revertir las tasas criticas en el país.

Por otra parte, Kathryn Ledebur ,Directora de la Red Andina de Información, expuso las bases de la Guía “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, generada por un grupo de trabajo regional de expertos, instituciones de la sociedad civil y defensoras de los DDHH con el fin de  aportar herramientas para la construcción de políticas de drogas en América Latina desde una perspectiva de género y Derechos Humanos.

Este espacio contó con la participación de representantes del Ministerio de Gobierno, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos y expertos, así como defensores de derechos humanos.

La metodología del diálogo abordó la problemática del régimen de sustancias controladas y la necesidad de reforma a partir de diversos expositores de la cooperación, el Estado y la sociedad civil, con un énfasis en las brechas de género y el impacto profundo de los problemas en el acceso a la justicia de las mujeres.