En Bolivia, la cantidad de mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas supera en más del triple el promedio mundial. El 39% de las privadas de libertad en el país incurrió en narcotráfico y a nivel global la cifra alcanza sólo un 12%.
"La proporción de mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas alcanzaba poco más del triple del promedio mundial, con 39% de la población femenina en prisión. Estos son datos del Ministerio de Gobierno”, explicó ayer el representante de la UNODC, Antonino De Leo.
La información se conoció en un taller organizado por instituciones internacionales y del Gobierno boliviano denominado Políticas de control de drogas, mujeres y privación de libertad. En el encuentro se discutió el problema del uso excesivo de la detención preventiva, que por lo general se aplica a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, entre éstos a las mujeres.
No sólo se trata de que en Bolivia se superó por más del triple los datos de otras regiones en cuanto a mujeres encarceladas por narcotráfico, sino que se evidenció que esta sanción no afecta al negocio de las drogas y en lugar de mejorar, empeora la situación de las reclusas, sus familias y su entorno.
De acuerdo con el registro de la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta mayo de este año había 14.598 reos en todo el país. Los varones son 13.441 (el 92,1%) y las mujeres 1.157 (7,9%).
De todos los varones encarcelados 2.432 (18%) lo han sido por delitos vinculados a las drogas. De todas las mujeres enviadas a prisión 443 (39%) están allí por casos similares.
En 2014 -según la UNODC- el 12% de las aproximadamente 200 mil mujeres encarceladas en el mundo cometieron delitos relacionados con las drogas.
El director de Régimen Penitenciario, Jorge López, indicó que -en su caso- no cuenta con información para hacer una comparación a nivel mundial. Pero informó que son tres los delitos más frecuentes: robo y robo agravado, el 23% de los privados de libertad lo han cometido. Violación, que abarca al 20% de los reos. Y los delitos vinculados al narcotráfico, 19,7%.
En el taller de ayer se plantearon dos cuestiones: ¿cómo lograr que las mujeres privadas de libertad por delitos menores y no violentos relacionados con drogas salgan de la cárcel? ¿Cómo garantizar que la nueva ley de sustancias controladas no imponga penas privativas de libertad a las mujeres que cometen estos actos?
Las propuestas serán discutidas y se espera que se tomen en cuenta en la nueva Ley 1008.
Proponen alternativas al encarcelamiento
Aplicar sanciones alternativas al encarcelamiento contra las personas que incurrieron en delitos menores y no violentos relacionados con las drogas, fue, básicamente, la propuesta general de los participantes del taller que se realizó ayer.
Sin embargo, el planteamiento se enfoca en las mujeres, que probablemente son quienes más sufren las consecuencias de una política penal exageradamente punitiva, que no ofrece salidas más allá de una celda y que puede destruir no sólo a la procesada, sino también a todo su entorno.
"Estas políticas afectan desproporcionadamente a mujeres que viven en situación de pobreza, abandono familiar, falta de educación y de oportunidades”, sostuvo el representante de la UNODC en Bolivia, Antonino De Leo.
Los autores de delitos menores y no violentos que tienen que ver con el narcotráfico debieran poder beneficiarse con medidas sustitutivas como multas, servicios de trabajo comunitario o arresto domiciliario, agregó De Leo.
La directora departamental de Defensa Pública en La Paz, Veróniza Zambrana, dijo que deben haber espacios donde puedan cumplirse estas medidas sustitutivas. Actualmente ni el Estado ni instituciones privadas ofrecen las condiciones para que un procesado realice servicio comunitario, por ejemplo, o para que un consumidor de sustancias controladas acceda a terapia de rehabilitación y reinserción.
"Están en las cárceles porque no tienen plata para pagar un tratamiento ni el Estado les brinda ese servicio”, advirtió Zambrana.
De Leo sugirió al Gobierno boliviano priorizar la lucha contra "los peces gordos” del narcotráfico y aprovechar la modificación a la Ley 1008 para mitigar las penas para consumidores, distribuidores menores y "mulas” (quienes transportan pequeñas cantidades de droga entre países).