La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia informó ayer que de acuerdo a los datos de Régimen Penitenciario, en Bolivia, de un total de 1.157 mujeres privadas de libertad en todo el país, el 39 por ciento están siendo procesadas por delitos relacionados a las drogas y esta cifra representa un “poco más del triple del promedio mundial”.

En ese sentido, la Unodc inauguró este lunes un taller sobre políticas de control de drogas, mujeres y privación de libertad con el fin visibilizar la problemática y situación específica de las mujeres procesadas y privadas de libertad por delitos relacionados al narcotráfico. 

En la plenaria, Antonino De Leo, representante de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, propuso no seguir reiterando los problemas que se tiene respecto de este tema y solicitó que se planteen respuestas “para sacar a estas mujeres de la cárcel”.

Participaron del taller el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Régimen Penitenciario, Fundación Construir, Red Andina de Información y el Defensor del Pueblo.

Según los datos, De Leo explicó que de un total de 1.157 mujeres privadas de libertad a nivel nacional, 448 estaban recluidas por delitos relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008). Esta cifra representa el doble de la proporción de hombres privados de libertad en Bolivia por delitos similares.

El Representante de la Unodc sugirió a las autoridades del Gobierno de Bolivia priorizar la lucha contra las grandes redes del narcotráfico y mitigar las penas previstas para los consumidores, distribuidores menores y “mulas”, en el marco de la reforma prevista a Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Asimismo, alentó a tomar esa oportunidad de introducir un sistema más balanceado de sanciones que tome en cuenta y refleje la seriedad del delito, en línea con los estándares internacionales.

Según datos recabados por la Unodc a nivel mundial, muchas de las mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas se desempeñan como “mulas” para el contrabando transfronterizo de drogas a cambio de pequeñas sumas de dinero.

En su encuentro con los periodistas, De Leo manifestó que “esas personas constituyen los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, a la vez que son fácilmente reemplazables. Las duras penas que incurren no son proporcionales al daño limitado que suponen sus acciones para la salud pública, principal bien jurídico protegido por las convenciones del sistema internacional de fiscalización de drogas”.