Ministerios, gobernaciones, Policía, Procuraduría o universidades son algunas de las entidades del Estado que cobijan a los candidatos a Defensor del Pueblo, de acuerdo con la revisión de la lista que aprobó la comisión Mixta de Constitución de la Asamblea.
EL DEBER contrastó las listas de la comisión con el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) y se pudo verificar que 25 candidatos tienen declaraciones juradas que los vinculan con el Gobierno en algunos casos y con entidades del Estado en otros.
Este medio de comunicación cuenta con los nombres, cargos y lugares donde trabajan las personas, sin embargo, la nomina oficial está embargada hasta el domingo cuando se hará pública a través de medios de comunicación y los portales de las dos cámaras legislativas y la Vicepresidencia del Estado.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, al margen de su titular, Nadia Cruz, hay otros dos candidatos que trabajan en esas oficinas. Uno tiene la declaración jurada el 23 de marzo de este año, la otra candidata tiene declaración en mayo de 2021.
De los 25 candidatos vinculados a la función pública, nueve presentaron sus declaraciones juradas entre febrero y abril de este año, por tanto están desempeñando esas funciones actualmente. 13 de los candidatos presentaron sus declaraciones en el segundo semestre de 2021. Mientras que tres tienen declaraciones de 2020.
También están tres docentes universitarios cuyo cargo no afecta a la postulación. El requisito 7 señala que los candidatos no pueden “incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los parágrafos I y II del artículo 236 y artículo 239 de la Constitución Política del Estado”, estos dos artículos constitucionales establecen que los candidatos no pueden percibir dos remuneraciones del Estado y no pueden tener contratos de arrendamiento con el Estado.
De acuerdo con la publicación del Senado, 34 de los 72 candidatos, es decir más de la mitad son abogados, y algunos tienen el cargo de asesor en las entidades gubernamentales y estatales.
De Santa Cruz
Según las nóminas extraoficiales, tres de los 11 candidatos a Defensor lograron pasar a segunda fase, se trata de Marisol Cuentas Ticona, Favela López Soria y José Atiare Salazar porque cumplieron con los 18 requisitos.
Mientras que ocho quedaron en el camino, el caso más curioso es el de Jorge Paz Yabeta, quien figura como inhabilitado por no cumplir el requisito 12 que pide, “tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos” y como fuente de verificación se solicitaba la hoja de vida debidamente firmada, impresa y en formato PDF; además de adjuntar documentación de respaldo y certificaciones”.
En una entrevista, Paz Yabeta dijo que fue representante departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz y dijo que su trabajo en la defensa de los derechos humanos siempre fue reconocida en la región; sin embargo, el causal de su inhabilitación es precisamente ese punto.