Jueves, 14 Abril 2022 16:10

35 de 72 candidatos a Defensor tienen vínculos con el Gobierno

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Algunos de ellos dejaron sus cargos durante el gobierno de Jeanine Áñez, y retornaron cuando Luis Arce asumió la presidencia.

La Vicepresidencia del Estado publicó las hojas de vida de los candidatos a Defensor del Pueblo. De la revisión de esas nóminas se pudo establecer que 35 de las 72 personas que se postularon tienen algún vínculo con el Gobierno; otras 30 trabajaron en alguna entidad del Estado; cuatro estuvieron en el Órgano Judicial; dos en la Defensoría y uno es exfuncionario del Órgano Electoral.

EL DEBER revisó las 72 hojas de vida de los candidatos, cruzó los mismos datos con el portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Yo Participo para verificar si tienen militancia política. Se estableció que ninguno de los 72 tiene militancia, pese a que dos de ellos fueron diputados y tuvieron participación activa en el MAS y en el MIR.

Los ejemplos más notorios. El candidato, Jhonny Raúl Apaza Tintaya, es actual funcionario de la Cámara de Diputados; siempre estuvo vinculado a las actividades legislativas, incluso desde la Asamblea Constituyente y a la brigada parlamentaria, es abogado.

La segunda candidata es, Yovana Arratia Camacho, estuvo vinculada al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que depende del ministerio de Desarrollo Rural, en las gestiones marzo a diciembre de 2018.

Marín Sergio Calizaya Molina, es un abogado que trabajó en distintas entidades del Gobierno, hasta enero de 2020 cuando entró el Gobierno de Jeanine Áñez, estuvo en el ministerio de Gobierno ocupando distintos cargos y estuvo en las regionales de Migración de Cochabamba y Oruro. Entre 2020 y 2021 trabajó como abogado independiente y en 2021 regresó al Gobierno como asesor jurídico del Sedem.

Estefanía Yhoselin Camargo Usnayo, es una candidata que se define como lideresa de la juventud y activista por los Derechos Humanos y la Madre Tierra, trabajó en el ministerio de Justicia hasta diciembre de 2021.

Exconsejero

Wilber Choque Cruz, exconsejero de la Judicatura, fue el único que juró con el puño izquierdo en alto cuando fue posesionado el 18 de septiembre de 2012 y ejerció ese cargo hasta el 30 de diciembre de 2017, fue autoridad electa y aun así fue habilitado. Después de ese cargo trabajó en la Defensoría del Pueblo como jefe nacional de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad.

Willy Rogelio Chura Chambi, es un abogado que trabajó en el ministerio de Salud como asesor legal de la unidad de medicamentos y tecnologías, estuvo vinculado durante la gestión de la exministra, Nila Heredia.

Freddy Delgadillo Pérez, no figura su profesión en la hoja de vida, pero fue consultor casi permanente del Fondo de Inversión Productivo y Social (FPS) en los municipios de Cochabamba, trabajó en esa repartición hasta el 2 de noviembre de 2021.

Humberto Echalar Flores, fue coronel de la Policía y viceministro de Seguridad Ciudadana en la gestión 2013 y hasta 2016 trabajó en distintas unidades del ministerio de Gobierno, cuando Carlos Romero era ministro de esa cartera. También describe las tareas que cumplió en la Policía.

Rubén Julio Estrada Candia, abogado de profesión y desempeñó tareas en al menos tres ministerios, Gobierno, Trabajo y Presidencia desde 2007, ese año ingresó al ministerio de Trabajo como especialista en asuntos sindicales y legislación laboral; en 2010 pasó a Gobierno; en 2011 ingresó al Sedes La Paz, un año después estuvo en el Segip; en 2015 nuevamente a Trabajo; en 2017 estuvo en el viceministerio de Coordinación con los Movimientos sociales; en 2021 pasó a la Caja Petrolera y este año volvió al ministerio de Trabajo.

Ramiro Leonardo Iquise Pally, también abogado, vinculado al Estado desde 2009 en distintos cargos. En 2011 ingresó al ministerio de Justicia y en 2016 pasó a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto como consultor nacional en programas especiales, donde trabaja actualmente.

Freddy Germán Lima Castaño, funcionario del ministerio de Obras Públicas, ingresó en julio de 2009 y dejó el cargo en diciembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, pero ya no volvió a la administración pública.

Maritza Lizárraga, fue funcionaria de la Cámara de Diputados por dos gestiones, en 2019 estuvo en la dirección de recursos humanos y en 2020 en otras funciones. Este año fungió como funcionaria de un municipio rural.

Marcelino Marco Antonio Lucero León, entre 2017 y 2018 fue asesor en la unidad jurídica del ministerio de Salud y ahora trabaja en la Caja Nacional de Salud, regional Santa Cruz como jefe de asesoría legal.

Porfirio Machado Gisbert, otro de los candidatos vinculados al ministerio de Desarrollo Rural a través del Senasag de donde fue jefe nacional de asuntos jurídicos hasta diciembre de este año.

La Vicepresidencia

Gonzalo Julián Mamani Apaza, vinculado al Gobierno desde 2010 cuando ingresó al ministerio de Autonomías y pasó por otras carteras, incluso fue designado Notario Operador en el Exterior en la embajada de Argentina. Hasta diciembre de 2021 fue técnico de la Vicepresidencia del Estado y ocupó un cargo en la Dirección General de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior.

Cesar Pérez Mendoza, se define como abogado independiente, sin embargo, trabajó en la elaboración de dos proyectos de Ley en 2019 y 2020 recibió reconocimientos de la brigada parlamentaria de La Paz y del Senado.

Gladis Pozo Rodríguez, abogada cochabambina fue parte de la Fiscalía de ese departamento con presencia en el trópico de Cochabamba hasta diciembre de 2020.

Carlos Dionisio Salazar Salcedoabogado del fallecido refugiado, Francisco “Pacho” Cortez, estuvo vinculado a la superintendencia de telecomunicaciones y en 2012 ingresó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), dependiente del ministerio de Minería y Metalurgia.

Zulma Yovana Sánchez Castillo, es ingeniera informática, trabajó en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija desde 2012, fue vocal y luego vicepresidenta de esa repartición desde el 21 de noviembre de 2017 hasta 11 noviembre del 2019, cuando se produjeron los conflictos sociales que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

María Irene Vino Mejía, vinculada al Gobierno de forma intermitente desde 2015 en los ministerios de Justicia, Presidencia, Economía y Desarrollo Productivo donde trabajó hasta diciembre de 2020. Ahora trabaja como asesora de comunidades campesinas.

Las organizaciones

A este grupo de 24 exfuncionarios o actuales funcionarios de Gobierno se deben sumar otros 11 postulantes que tienen vínculos con las organizaciones sociales que apoyan el Gobierno. Es el caso de Rimmy Calle Choquecallata, quien ocupa el cargo de vicepresidente de la comisión política de la Confederación de Campesinos, CSUTCB y su mandato recién termina en 2023.

Abel Antonio Loma Rosales, dice ser asesor jurídico de la Federación Provincial Única de Mujeres Campesinas Originarias de la provincia Omasuyos “polleras rojas”. También sería asesor jurídico de la CSUTCB, cargo que está vigente. Fue policía hasta julio de 2019.

Rafael Quinteros Montaño, cruceño, asesor externo en defensa de los derechos fundamentales, asesor externo en defensa de los derechos humanos en la Federación Sindical Única de Campesinos y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

Otros ocho candidatos también se describieron como colaboradores de las organizaciones campesinas, lo que hace un total de 35 candidatos vinculados, de alguna manera, al actual Gobierno.

Info adicional

  • Medio: EL DEBER
  • Fecha: Miércoles, 13 Abril 2022
  • Categoria: Política
  • Sección: Política
  • Tema: Derechos Humanos
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Sam Mills Jersey