La visita del relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, ha catalizado el malestar de los bolivianos por el estado del sistema judicial nacional, que sufre la que se considera la crisis más grave de su historia. Actores de ambos bandos de la polarizada política boliviana buscaron hablar con el representante, quien tuvo que aclarar que no fue “a dar lecciones ni soluciones mágicas”. La gran expectativa sobre los resultados de su misión le llevó a adelantar, para mediados de este año, la presentación de su informe final. Al dejar el país, García-Sayán confirmó que la justicia boliviana no siempre es independiente y que está afectada por la corrupción, por lo que resulta muy lejana para los ciudadanos, en particular para los más pobres.

El relator se refirió a la gravedad de los delitos de violencia contra las mujeres y su dificultad de obtener justicia, al hacinamiento de las cárceles, que tienen un 350% más internos de los que deberían albergar, al abuso de la prisión preventiva, a la falta de presupuesto para la judicatura, a los controvertidos procedimientos de elección de los magistrados de los principales tribunales, que son votados por toda la población en comicios periódicos, y a la posibilidad de lograr un acuerdo nacional para reformar la justicia.

García-Sayán se reunió con autoridades de todos los poderes del Estado, dirigentes políticos, asociaciones de víctimas y académicos. Durante su visita estaban recientes dos casos que han generado polémica y que el relator mencionó en su informe preliminar. El de Richard Choque Flores, un asesino en serie de mujeres que fue liberado por un juez a cambio de 3.500 dólares y una vez en libertad volvió a asesinar, un suceso que ha dado origen a una ola de arrestos de jueces supuestamente corruptos. El segundo fue la huelga de hambre y el deterioro de la salud de la expresidenta Jeanine Añez, que se encuentra encarcelada en La Paz.

Estos casos ejemplifican lo que los expertos consideran los dos principales problemas del sistema judicial: que funcione como un mecanismo de extorsión y obtención de recursos ilícitos, inclusive por medios tan catastróficos como la liberación corrupta de asesinos y narcotraficantes. Y, segundo, su cercanía con los gobiernos de turno, sean estos nacionales o locales, de izquierda o de derecha, a fin de obtener una estabilidad que no ofrece el Estado, a causa de su falta de institucionalidad. El oportunismo político de la judicatura es aprovechado por los partidos para obtener ventajas y “judicializar” a sus adversarios.

García-Sayán expresó su preocupación porque, igual que Choque, el convicto Froilán Molina Bustamante, quien participó en el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, hubiera sido liberado luego de cumplir solo cuatro años de la pena a la que está condenado, que es de 30 años sin derecho a indulto, la máxima de la legislación boliviana. Molina Bustamante fue detenido nuevamente tras el escándalo.

La expresidenta Añez se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año, pese a que existe una norma que establece que esta medida solo debe prolongarse por seis meses, norma que la fiscalía ha logrado eludir con diversos recursos. Un juez acaba de prolongar por otros tres meses su detención. Añez se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas, pues considera que su proceso no es legal. Hace unos días, un juez ordenó que la llevaran a un hospital para rehidratarla.

Al conocerse la decisión, grupos de leales al presidente Luis Arce armaron un alboroto en la puerta de la prisión, y la gobernadora de la misma informó de que le sería materialmente imposible cumplir la orden de trasladar a Añez. Así que el juez retrocedió y ordenó que los médicos rehidrataran a la expresidenta en su celda. Tras esta interrupción en su ayuno, la política decidió continuar la huelga. García-Sayán lamentó que el Estado boliviano no hubiera tenido la capacidad de aplicar las “reglas Mandela” (o mínimas para el tratamiento a los reclusos), que indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.

La crisis de la justicia boliviana es de larga data y algunos la remontan a la propia formación del país. Existe consenso de que ha empeorado desde 2009, cuando la nueva Constitución introdujo la elección por voto popular de los magistrados. El actual ministro de Justicia, Iván Lima, cree que se debe dar marcha atrás, pero esta idea presenta una serie de dificultades prácticas y no tiene el apoyo total del oficialismo ni de la oposición.