El pasado 15 de febrero representantes de redes y organizaciones de derechos humanos se reunieron en la ciudad de La Paz, con Diego García Sayán el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en el marco de su visita oficial a Bolivia.

La coalición de sociedad civil estuvo integrada por representantes de la Comunidad de Derechos Humanos, Fundación CONSTRUIR, Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIB, Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado – ITEI, ONG Realidades, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM Bolivia, la Oficina Jurídica para la Mujer, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Fundación Tribuna Constitucional, Organización de Apoyo Legal y Social, y, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Dichas instituciones tienen amplia experiencia en la promoción y defensa del acceso a la justicia de la población boliviana y el acompañamiento a procesos de reforma, en tal sentido, brindaron al Relator Especial información sobre la situación del país en materia de garantías para una justicia independiente e imparcial, así como el impacto que tiene la crisis judicial por la ausencia de dichas garantías en grupos prioritarios.

Además, le entregaron un documento que recopila datos relevados por la sociedad civil en estudios, procesos de veeduría ciudadana, observatorios hemerográficos y experiencia práctica de asistencia de grupos prioritarios, estructurando aportes en cinco ejes:

1. Situación de la independencia judiciales en sus dimensiones institucional y funcional o de ejercicio individual, que abordó el tema presupuestario de todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia, no solo el órgano Judicial y también la situación de provisionalidad en jueces y fiscales que se ha extendido en el país por más de una década;
2. Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo conocer las conclusiones, observaciones y propuestas que nacen de las veedurías ciudadanas realizadas por estas organizaciones incluida la adopción de un mecanismo de preselección independiente que se planteó para las elecciones del 2017 a la Asamblea Legislativa Plurinacional sin que se tomará en cuenta:
3. Transparencia y acceso a la información, como condición necesaria para incrementar la confianza ciudadana y garantizar el control social, así como el desarrollo de información suficiente y necesaria para adoptar medidas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población frente al acceso a la justicia.
4. Corrupción en la justicia, debiendo fortalecerse los esfuerzos para investigar, sancionar y adoptar medidas de no repetición en estos casos, realizar auditorías jurídicas y fortalecer los sistemas disciplinarios, difundiendo información estadística desagregada sobre la cantidad de denuncias, resultado del tratamiento, sanciones y respuestas oportunas a la ciudadanía.
5. El impacto de la falta de independencia en la justicia en las personas defensoras de derechos humanos, y casos emblemáticos de personas que han sufrido vulneraciones al debido proceso.

Además de lo anterior se enfatizó en la necesidad urgente de atender los problemas de acceso a la justicia de poblaciones en extrema vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia, cuyos procesos en la justicia se caracterizan por escenarios de extrema mora procesal, impunidad, y re victimización, pues, las brechas de implementación de la Ley 348 son amplias, en especial en términos de cobertura, especialidad y recursos de los servicios de atención, investigación y sanción.

Finalmente, se expusieron propuestas y recomendaciones para una ruta crítica de reforma y transformación de la justicia, a tiempo de entregar una serie de diagnósticos y publicaciones elaboradas por la sociedad civil, entre ellas la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia que integra propuestas de la sociedad civil para medidas normativas y de política pública.

El relator, desarrolló consultas complementarias, y destacó la importancia de una sociedad civil activa que a partir de propuestas aporte a la ruta crítica de reforma a la justicia en Bolivia.