En medio de la profunda crisis de la justicia, la presencia en el país de Diego García-Sayán que se prolongará hasta el 22 de febrero fue puesta bajo sospecha cuando el ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que su misión tendrá por objetivo “romper ese falso discurso de que hay perseguidos políticos” en el país.

Contrariamente a la expectativa oficial, desde las organizaciones de la sociedad civil se espera demostrar que el país enfrenta una situación insostenible que exige una inmediata reforma judicial.

DOS AGENDAS PARALELAS

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales marcó el tono de la agenda que el gobierno espera durante la visita oficial del relator de la ONU.

"Damos la bienvenida al hermano @UNIndepJudges (García-Sayán) que llega a Bolivia para verificar la independencia de la justicia. Será útil para su trabajo reunirse, conocer y recoger testimonios de víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y torturas del gobierno de facto", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

En tanto la expresidenta Jeanine Añez, actualmente en huelga de hambre en el penal de Miraflores, también oficializó su pedido de una reunión con el relator de la ONU para denunciar las condiciones de su detención por casi un año y el incumplimiento del debido proceso en un juicio que considera injusto.  Este fin de semana, difundió a través de las redes sociales una carta escrita a mano en la que afirma que “me siento fuerte, mi espíritu y mi conciencia son libres, eso ningún tirano me lo podrá quitar”.  

La primera vez que García-Sayán se pronunció sobre el estado de la justicia en Bolivia fue en febrero de 2020 cuando cuestionó al gobierno de Jeanine Añez por “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales. Hoy, fue el turno del exministro Gustavo Torrico. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.

Entonces la Cancillería boliviana demandó su renuncia al cargo, lo cuestionó por “permitir que la ideología prevalezca sobre la decencia, la democracia y la libertad” y aseguró que “Dichas denuncias debió plantearlas durante la gestión de Evo Morales, un gobierno de profesionales de la política totalitaria que organizaron un sistema donde los jueces y los fiscales, elegidos por una asamblea nacional bajo su control, fueron el instrumento para silenciar, intimidar, perseguir y asesinar a los opositores políticos”.

En julio 2021, García-Sayán cuestionó al presidente Luis Arce por la cesación de vocales electorales en Bolivia y advirtió que “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afecta garantías jurídicas y democráticas” y anunció que sigue “con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”.

Se conoció que al menos 30 instituciones de la sociedad civil y delegaciones de los partidos de la oposición se reunirán con el relator especial de la ONU.

El representante de CONADE, Manuel Morales, informó que la agenda fue coordinada desde hace 15 días y que cada organización podrá compartir información y su propia percepción sobre el estado de la justicia en Bolivia en encuentros que se prolongarán entre 30 a 40 minutos.

UNA MISIÓN IMPOSIBLE

Diversas voces advirtieron que las pretensiones del gobierno de Luis Arce son preocupantes, pero también han reconocido que la dimensión de la crisis del sistema judicial hace pensar que García-Sayán se enfrenta a una misión imposible. 

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, se mostró escéptico respecto a la visita de García-Sayán porque en su opinión será “improductiva porque el gobierno no quiere una justicia independiente”. 

Aseguró que el gobierno se esforzará por tender un cerco alrededor del relator internacional “como lo hicieron en el pasado, invitan a funcionarios internacionales para validar el control sobre el órgano judicial y dar la impresión de que todo funcionar bien en el país”.

En su percepción, los cambios en el sistema judicial serán posibles sólo con la participación de la gente e insistió que “es necesario convocar a un referéndum para una transformación real”:

Diversos organismos internacionales y no gubernamentales han emitido informes sobre la situación de los derechos humanos y de la grave crisis judicial en Bolivia. Desde diferentes enfoques, objetivos y metodología, todos coinciden que la falta de independencia judicial socaba el sistema de justicia y acentúa los problemas crónicos de impunidad.

Los informes subrayan que el sistema judicial boliviano está sometido a la interferencia política desde la presidencia de Morales, continuando con la de Añez y actualmente en el gobierno de Arce.

En opinión de la socióloga y feminista Sonia Montaño, García-Sayán debiera aprovechar “este especial momento para que explique si las afirmaciones de Lima sobre las mentiras de la oposición son un deseo personal o un mandato velado que nos recuerda que el invitado también carga sobre sus espaldas el lamentable papel que jugó callando ante los abusos del gobierno de Evo Morales”.

El abogado Juan Del Granado, consideró que la administración judicial boliviana tiene “características ya de tragedia” por lo que pretender, como lo prefiguró el ministro Lima, que el funcionario internacional de fe de lo que no ocurre en Bolivia no será posible.

LA (IN)JUSTICIA PUESTA EN EVIDENCIA

Este lunes, a horas de la visita oficial de García-Sayán a Bolivia, el investigador de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, pronosticó que encontrará un país donde “no existe independencia judicial”.

Asimismo, mediante su cuenta de Twitter, el personero de HRW instó al funcionario de la ONU apoyar “la labor de la sociedad civil” en sus esfuerzos por lograr una justicia sin injerencia política.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Muñoz aseguró que “El Relator de la ONU sobre independencia judicial, @UNIndepJudges, realiza una visita a Bolivia. Va a encontrar precisamente que no existe independencia judicial. Le instamos a apoyar la labor de la sociedad civil boliviana en pro de una justicia sin injerencia política”.

El mensaje de Muñoz tiene base en el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch (HRW) que señala al expresidente Evo Morales como responsable de socavar la independencia judicial y asegura que esa práctica se repitió en el gobierno de Añez y persiste en la actual gestión de Arce.

El informe de HRW, hecho público al inicio de esta gestión, detalla la situación de derechos humanos en casi 100 países y en el capítulo referido a Bolivia asegura que el expresidente Morales “socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder” y utilizó procesos judiciales para la persecución de sus adversarios políticos.

Respecto a la actual gestión de Arce, señala que, aunque al asumir su mandato aseguró que el sistema de justicia debía ser independiente de la política y prometió una reforma judicial, sus actos muestran lo contrario.

Menciona el decreto de amnistía de febrero de 2021 que garantiza amnistía por delitos graves para favorecer a partidarios del MAS y el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que autorizaba a agentes del Estado obtener datos privados sin ningún tipo de autorización o control judicial y vulneraba el secreto profesional y de fuente periodística.

También refiere la detención de Añez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, así como una supuesta participación en “un golpe de Estado” contra Morales en noviembre de 2019 y asegura que “Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Añez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”.

Entre los factores que socaban la independencia judicial en el país, HRW refiere la transitoriedad de alrededor del 80% de los jueces y fiscales, lo que condiciona su permanencia en el cargo al cumplimiento de los mandatos del gobierno de turno.  

El informe a Bolivia entre los países donde se detectó “diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos”, lo que amenaza el sistema democrático.

Concluye que es urgente la reforma estructural de la justicia, para dotarla de independencia e imparcialidad y recuerda que se requiere una justicia independiente como condición indispensable para la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos.

Esas conclusiones son coincidentes con lo señalado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, a mediados de 2021,  que alertó sobre “serias deficiencias” del Estado boliviano para garantizar la “independencia y autonomía” del órgano Judicial y la Fiscalía.

Recogió el reclamo de la oposición por el uso de la justicia como un mecanismo de persecución política y para eliminar a líderes o ex autoridades contrarios al gobierno.

El informe del GIEI evidenció que durante el periodo de septiembre a diciembre de 2019 se cometieron graves violaciones de derechos humanos en Bolivia. Estas involucran la presunta responsabilidad tanto del gobierno de Evo Morales como de Jeanine Añez. 

El GIEI también mencionó que entre los factores que contribuyen a la injerencia política en la justicia está el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales actualmente ocupan cargos de carácter transitorio.