El Consejo de la Magistratura informó este jueves que inició el trabajo de revisión de todos los casos que tienen que ver con feminicidio, asesinato y violación con agravante, que tienen sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto, para identificar si se benefició a sentenciados. La verificación se hará de los casos registrados entre 2013 y 2022.
“A partir de la fecha, el Consejo de la Magistratura ha determinado la temporalidad entre 2013 y 2022, es un periodo amplio en el que se va a trabajar en la revisión en este tipo de delitos. Hemos sacado un reporte del Rejap (Registro Judicial de Antecedentes Penales) respecto a sentencias ejecutoriadas a nivel nacional y es alarmante la situación de delitos de violación en el país”, informó la decana del Consejo de la Magistratura, Mirtha Meneses Gómez, en conferencia de prensa.
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Detalló que para la verificación, el trabajo fue dividido en tres fases y se iniciará por el reciente año 2019-2022; después se pasará al periodo 2016-2018, y por último de 2013 a 2015.
“Los documentos que se verificarán están referidos a delitos muy graves que prevén sentencia máxima de 30 años sin derecho a indulto, en el que se han visto irregularidades que tiene que ver con feminicidios, asesinatos, violaciones a menores con agravantes y otros en los que se habrían dado algunas salidas diarias o beneficios que no corresponden de acuerdo a la norma”, anticipó la decana.
Explicó que la metodología que se implementará es la revisión de las resoluciones y documentos, se hará el relevamiento, tomando las muestras respectivas, fotocopias de la información, de los que, si se evidencia alguna irregularidad, se verán las medidas correspondientes.
En el caso de que se detecten faltas disciplinarias se remitirán a juzgados disciplinarios, y si se encuentran algunos actos que impliquen actos de responsabilidad penal o la presunta comisión de delitos, se remitirá al Ministerio Público.
Sin embargo, no se dieron detalles del tiempo de duración de cada uno de estos trabajos, al tomar en cuenta la cantidad de juzgados de ejecución penal en el país.
Las verificaciones se hacen luego de que se evidenció que un consorcio de jueces y fiscales benefició al feminicida y violador en serie Richard Choque Flores, quien tenía una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por matar a una joven en 2013, y fue beneficiado con detención domiciliaria en 2019 y luego asesinó a otras dos menores de edad.