Desde 2011, 19 asesinos de alta peligrosidad dejaron al menos 70 víctimas y causaron indignación en el país. Después de los recientes casos registrados, algunos sectores piden abrir el Código Penal y la Constitución Política del Estado para aplicar la cadena perpetua en Bolivia, mientras que otros afirman que esa no es la solución.

“No podemos seguir viendo que los titulares del día sean los asesinatos, feminicidios, infanticidios, descuartizamientos, parricidios y no hacer nada. Se debe decretar una alerta nacional de cero tolerancia a la violencia. Pedimos un Consejo Nacional compuesto por el Gobierno nacional y los departamentales; los ministerios de Justicia, Gobierno y el Público”, dijo el senador de Creemos Erik Morón.

El legislador presentó ante la Cámara de Senadores una petición para tratar el anteproyecto de ley de cadena perpetua y castración química, que propuso en septiembre de 2021. Dicho documento hasta la fecha no fue analizado ni descartado.

“El problema no son las penas”, aseveró María Galindo, de Mujeres Creando, organización que el lunes pasado convocó a la marcha contra la  violencia  machista y la corrupción de la justicia.

“Treinta años sin derecho a indulto es la pena máxima, muchos feminicidas la reciben. El problema es la corrupción de la justicia, la inoperancia de la Policía y de la Fiscalía que no representa a las víctimas. Es un problema estructural profundo y la solución no pasa por las penas, sino por la transformación del aparato de justicia y de la Policía, que son corruptas”, declaró Galindo a la prensa.

El presidente del Colegio de Abogados, Edson Foronada, señaló que la petición de endurecer las penas es legal. Dijo que debe darse con una ley expresa, como fue la Ley 348 que endureció las condenas en los casos de violencia contra las mujeres e insertó el crimen de feminicidio.

En una anterior entrevista, Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, explicó que no es posible aplicar una cadena perpetua  debido a los tratados internacionales firmados.

Uno de los casos más representativos del país  data de diciembre de 2011. Ese año Jaime Cárdenas, de 23 años de edad, fue condenado a 30 años de reclusión sin derecho a indulto, en el penal de San Roque, en Sucre. Fue el autor de la violación y asesinato de Nairobi M. y Marfa D., dos universitarias victimadas con una crueldad pocas veces vista.

El crimen era solo el último de muchos otros. Según las autoridades, Cárdenas tenía alrededor de 45 víctimas, mientras que él confesó que perdió la cuenta.

Las víctimas eran hombres y mujeres, a quienes atracaba o violaba antes de matarlas. A otros los asesinaba en peleas y a otros por encargo. No actuó solo, tenía por cómplice a un expolicía y fue detenido varias veces, pero siempre salió a base de coimas.

En 2012 escapó del penal de Sucre y fue recapturado tres meses después en Beni. Hoy cumple su condena en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Este primer caso del recuento es muy similar al del asesino, feminicida y violador Richard Choque, que fue detenido hace unas semanas por el asesinato de las adolescentes Iris y Lucy. El crimen evidenció que Choque ya había sido sentenciado a 30 años por el asesinato de Blanca en 2013, pero que había sido liberado por un juez en 2019.

Fue denunciado por el asesinato de su primo, pero el caso fue desestimado. Durante el tiempo que estuvo libre captó a 77 víctimas, a las que extorsionó y abusó sexualmente. Por el caso de 2013, su cómplice, José Casilla, fue dejado en libertad y ahora goza de detención domiciliaria.

Cinco feminicidas múltiples

Con tres víctimas, todas mujeres de pollera, el feminicida Basilio Mamani fue detenido el 27 de agosto de 2013. Su captura, desde el hallazgo del primer cuerpo, tardó 18 meses. Durante ese tiempo atacó a otras dos mujeres.

Los cuerpos eran botados en un yute, tenían signos de tortura y sus trenzas apretadas alrededor del cuello. Aunque Mamani aceptó los crímenes y afirmó que lo volvería a hacer, solo fue juzgado por uno, el de Elena Q.

En 2014, Carlos Mamani (de 47 años) fue aprehendido por la violación y muerte de tres adultas mayores del área rural de Potosí. Primero aceptó el hecho, pero luego indicó no recordar nada.

El 20 de diciembre de 2020, la Policía recibió la denuncia de la desaparición de Mónica O. Por 52 días, distintas unidades de la Policía y el Ministerio Público realizaron entrevistas, triangulaciones e intervenciones de líneas telefónicas. El operativo dio con David Zapana, primo de Mónica, y Omar Fernández, que confesaron la autoría del crimen a encargo de la expareja de la víctima Dennys Guevara.

El cuerpo de Mónica fue encontrado bajo tierra y con signos claros de haber sido violada y estrangulada. Estaba cerca del domicilio de Fernández, ubicado en Tres Arroyos de Villa Tunari. El hallazgo destapó otras tres desapariciones que resultaron ser crueles feminicidios. Aunque los cuerpos se encontraban en grados de descomposición, todos presentaban lesiones similares.

Las cuatro mujeres asesinadas estaban declaradas como desaparecidas por la misma zona desde hace mucho tiempo, pertenecían a la misma central sindical, tenían a los asesinos como amigos en común, pero aún así no hubo una investigación oportuna.

Cinco asesinos  violentos

La tarde del 26 de abril de 2015, un patrullaje policial en la zona Garita de Lima en La Paz interceptó a Clemente C. por casualidad. Sostenía un maletín en el que transportaba la cabeza y los miembros superiores de un hombre. Al revisar su domicilio se encontraron las otras partes. El victimario no mostró culpa.

El 14 de mayo de 2015, la campeona nacional de taekwondo Gloria A. y su hermana Peggy A. fueron apuñaladas y asesinadas cruelmente. Los victimarios eran su hermano menor, Omar Adriazola, y la enamorada de éste, Alejandra Saavedra.

 Según las investigaciones, su intención era matar a toda la familia para simular un atraco y heredar los bienes. En 2016 ambos, sin mostrar remordimiento, fueron sentenciados a 30 años de presidio. Sin embargo, de repente, la Sala Penal 2 de Cochabamba anuló la condena para iniciar un nuevo juicio. Tiempo después se supo que la medida se dio por la intervención del “abogado torturador” Jhasmani Torrico.

En agosto de 2019, los hermanos Eliot e Israel León Fernández fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el asesinato, feminicidio y violación  de Carla B. y Jesús C.

La pareja desapareció el 1 de enero de 2018, luego de asistir a una fiesta de Año Nuevo en la discoteca Planta Baja, de La Paz. Después de 19 días de búsqueda, los cuerpos fueron hallados dentro del embovedado del río Orkojahuira. Estaban dentro de unos saquillos y tenían las manos atadas con alambres. La autopsia mostró que fueron golpeados brutalmente y que Carla murió días después.

Ambos asesinos tenían antecedentes por robo, violación y lesiones, pero continuaban libres en las calles. Fueron los principales autores del crimen, pero hubo, al menos, cuatro personas más sentenciadas por complicidad.

Seis jóvenes a sangre fría

En 2017, G.C. (14 años) confesó haber planificado el asesinato de Runny V. como una prueba de amor para su enamorado Michel Durán Vásquez, de 20 años de edad. Este último junto a Brayan Rodríguez Durán fueron coautores y cómplices del crimen.

Ese año, en Santa Cruz, Runny, un boxeador joven, fue citado por G.C. para recibir un regalo por su cumpleaños. Al llegar vio que era esperado por G.C. y sus dos cómplices. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza para desestabilizarlo y la adolescente lo apuñaló hasta matarlo. En 2018, por su edad, fue sentenciada a seis años en un centro de rehabilitación para menores de edad infractores. Durán recibió 30 años.

En 2014, Matusalen Mancilla (15 años) fue sentenciado por violación e infanticidio de una niña de cuatro, en el norte de La Paz. Aunque confesó que cometió un crimen similar meses atrás, solo se lo juzgó por ese caso. Las víctimas tenían signos de tortura y a una le sacaron todos sus órganos.

Por ser adolescente fue sentenciado a seis años de presidio en el centro para menores de edad Qalahuma. Su pena se cumplió en diciembre de 2020 y tras nueve meses en libertad, volvió a delinquir. Esta vez su víctima fue Mayerli, una joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado asfixiado, desmembrado y sin el corazón en el bosquecillo de Inca Llojeta, en La Paz.

Al momento de su aprehensión se encontró el celular de la joven, desde donde Matusalen escribió a la familia para hacerles creer que ella se fue de su hogar de forma voluntaria. En su teléfono móvil gravó la muerte de Mayerli.

El 1 de septiembre el cuerpo desmembrado de Anakin T. fue hallado en distintas partes de El Alto. Su cruel asesinato fue perpetrado por su expareja Luz Peralta y su novio actual, Álvaro Salinas.  Según declararon ante las autoridades, todo fue tramado por Luz a petición de Álvaro, quien le pidió una prueba de lealtad. Los tres jóvenes se reunieron en la habitación de Luz. Allí Anakin fue atacado y descuartizado, mientras aún estaba con vida.

Álvaro señaló que Luz planificó todo, que él mató a Anakin y que ambos lo desmembraron. El proceso avanza muy lentamente.

¿Se puede abrir la CPE para dar paso a cadena perpetua?

En medio de protestas, el viernes las autoridades gubernamentales y judiciales instalaron  la primera reunión de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio. Esta instancia revisará los casos en los que los sentenciados fueron puestos en libertad. Las familias de las víctimas llevaron a esta reunión una propuesta de cadena perpetua y de un bono para los huérfanos por los hechos de feminicidio.

La senadora del MAS Virginia Velasco señaló que  la CPE no contempla condenas   sumatorias o la cadena perpetua, por lo que para su aplicación es necesario abrirla. “Hay que abrirla, amerita modificación”, afirmó.

Pero, ¿es factible aplicar estas medidas?. Edson Foronda, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, señaló que hoy nuestra legislación establece  como pena máxima 30 años  de presidio sin derecho a indulto. Dijo que las organizaciones sociales u otros sectores pueden pedir el endurecimiento de las penas, pero que ésta debe darse por medio de una ley expresa.

“Dependiendo de la pena que se pida se tendrá que abrir la CPE. No es algo ilegal pero debe cumplir ciertos requisitos”, manifestó.

La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, señaló que la cadena perpetua no es aplicable por la CPE y los tratados vinculantes que firmó el país. “Cabe recordar que el fin de la cárcel es la reinserción social  de las personas, entonces no se podría aplicar una cadena  perpetua”.

Tanto Foronda como Saavedra, por separado,  señalaron  que  la reinserción  es  responsabilidad  del Estado y que en el país es necesario garantizar este proceso.

“Para eso el Régimen Penitenciario debe ser eficaz, pero no lo es”, dijo Foronda.

Sin embargo, los expertos en criminología advierten que la reinserción no es posible en ciertos  asesinos, feminicidas o violadores con perfiles sociópatas. Aclararon que no son enfermos mentales, sino, al contrario, son personas que están conscientes del crimen que cometen y no cambiarán, por lo que no pueden y no deben volver a la sociedad.