El problema no solo es la liberación de los sentenciados de feminicidio o violación, sino el “calvario” que deben enfrentar las víctimas de estos delitos frente a un sistema judicial ineficaz, sostiene la directora de la Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad, Marisol Quiroga.

Parte de un criterio, que el Estado interpreta que las mujeres y la niñez son ciudadanos de “segunda clase”, porque conociendo la realidad critica por la que atraviesan no asume políticas integrales para acceder a la justicia y para frenar la violencia hacia estas poblaciones.

Cuestiona que la comisión que se ha constituido para la revisión de casos de feminicidio y violación se concentre en aquellos procesos en los que los agresores y feminicidas han sido liberados, cuando también se debería revisar el recorrido que deben seguir las víctimas para lograr una sentencia, que en muchos casos no se cumple.

Comenta que “lo que tienen que pasar las víctimas para logar una sentencia”, es realmente grave, porque “ese recorrido es todo un calvario para las víctimas y ese es el sistema que tenemos ahora”, manifestó Quiroga en la presentación de casos emblemáticos de violencia hacia las mujeres.

Asimismo, develó que las acciones constitucionales que son el último recurso para que los ciudadanos hagan respetar y ejercer sus derechos, se están convirtiendo “en recursos absolutamente ineficaces”.

"No puede ser que las acciones constitucionales sean ineficaces en este sistema, ante el incumplimiento de las resoluciones constitucionales nos compete interponer procesos penales", sostiene, aunque también asume que las victimas no se van a ir a enfrentar con un poder como es el judicial. 

Para sostener sus afirmaciones, Quiroga se refirió a una serie de casos, uno de ellos el feminicidio de una joven el 2015 en el que estuvo involucrado un conscripto detenido en Oruro, después de ocho meses logró su detención domiciliaria.

Interpusieron dos acciones de amparo constitucional contra los vocales que dictaron la resolución en la que se le benefició con medidas sustitutivas, la defensa de la víctima obtuvo la tutela y se obligó a los vocales a dictar una nueva resolución.

Sin embargo, la sala penal segunda de la que era parte el vocal Willy Arias le volvió a conceder la detención domiciliaria. “Fíjense ustedes cuán ineficaz es el sistema”, protestó.

“Para el colmo de los males el tribunal de Sica Sica dictó una sentencia cambiando el tipo penal de feminicidio a lesiones seguidas de muerte y le dio 8 años de pena”, contó Quiroga.

La defensa apeló y logró anular la condena, el tribunal tercero de sentencia penal de la ciudad de El Alto dictó una pena condenatoria de 30 años sin derecho a indulto. Con un voto disidente.

La víctima sufrió golpes en la cabeza, fue violada y arrastrada con el rostro hacia el suelo por dos terrenos continuos. Es un resumen breve de lo que tuvo que pasar la víctima. ¿Dónde no está el dolo? cuestionó, al indicar que el tribunal sostuvo que la prueba aportada “refleja realmente un odio desmedido del agresor hacia la víctima”.

“Eso ha tenido que pasar la mamá de la víctima, ha tenido que acudir dos veces a instancias judiciales. Y a la fecha el sentenciado está en libertad, porque nadie cumple su detención domiciliaria”, protestó.

En el caso Rossmery que ocurrió en Caranavi, se trata de una persona con capacidades especiales, sus dos agresores sexuales están con detención domiciliaria, mediante un amparo constitucional lograron la anulación de la resolución y dispusieron que se dicte otra resolución, no obstante, se volvió a dictar la detención domiciliaria.

El caso de Maylin ha sido denunciado en agosto de 2021, su madre intentó realizar la denuncia durante cuatro días en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la División Trata y Tráfico, pero el secretario le decía que no había investigador, que están en cursos, que retorne. Pasó cuatro días con el “vuélvase mañana".

“Interpusimos una acción de libertad contra el secretario o investigador, nos concedieron la tutela y el juez de garantías les ordenó realizar todas las acciones para encontrar con vida a la víctima. ¿Tuvo resultados? No, no tuvo resultados. Porque está muerta, y ahora que ha fallecido todo el aparato quiere moverse. Lo correcto era que el aparato se mueva cuando estaba desaparecida. Esa es la amarga experiencia de las víctimas”, lamentó.

La directora de la institución también develó otro problema, que un solo tribunal de justicia de Caranavi tiene jurisdicción para toda la región de Nor y Sur Yungas del departamento de La Paz.

En ese tribunal existen 500 juicios, de los cuales el 60% es por delitos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. “Entonces, tampoco hay capacidad humana para atender todas las 500 causas”, comentó.

Mediante cartas recurrieron al Consejo de la Magistratura pidiendo la creación de otro tribunal en la localidad de Chulumani, toda vez que la gente debe trasladarse desde ese municipio y La Asunta hasta Caranavi para una hora de juicio, porque ese es el tiempo que dispone el tribunal.

En una reunión con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el año pasado, se hizo conocer esta solicitud, se comprometió a enviar las cartas al Consejo de la Magistratura, “pero no pasó nada, no les interesa nada”, lamento.

Al problema se sumó que el 2019, el Consejo de la Magistratura aceptó la renuncia de uno de los miembros del tribunal justo cuando los procesos estaban en la mitad, tras ese hecho se anularon cinco juicios de feminicidio y ahora empezarán de nuevo, relató.