“Los vocales constitucionales tienen una posición infranqueable frente a la por demás pobre, inexperta, irracional, torpe, ajurídica circular (01/2022) emitida por el TSJ. Sin embargo, somos hombres de Derecho y conocemos que, aunque las decisiones dislocadas por el TSJ de justicia son apócrifas e ilegales, deben de ser cumplidas”, fue el argumento que emitió el vocal Campero durante una audiencia de la Sala Plena del TDJ La Paz.

Campero, quien dijo hablar a nombre de todos los vocales constitucionales paceños, y afirmó que el pronunciamiento se hizo luego de un análisis de “la mediocre circular emitida por el TSJ”. Luego anunció que se retirarían de la audiencia que se llevaba a cabo.

El incidente se registró en la audiencia del juicio Bidesa, que por ser un caso de corte, se realiza con la participación de todos los vocales del TDJ de La Paz. Dentro de ese proceso se dio lectura de la Circular 01/2022 del TSJ, por medio de la cual se instruye a todos los tribunales departamentales que la participación de los vocales constitucionales en casos de jurisdicción ordinaria se limitaría según la temática.

Es decir, si los casos son de la justicia ordinaria, los vocales constitucionales no tendrían poder de voto y decisión y su participación quedaría circunscrita a sólo temas de su especialidad.

En 2018, mediante la Ley 1104 se creó las salas constitucionales, cuyos vocales pasaron a ser parte de la estructura de los nueve TDJ, pero con “dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional”. Sin embargo, los magistrados del TSJ delimitaron la participación de estos vocales según la especialidad y restaron el valor de su voto en temas de justicia ordinaria.

Campero es parte de la Sala Constitucional Primera. Una postura similar asumió el vocal de la Sala Constitucional Cuarta, Rubén Ramírez. No obstante, entre quienes también abandonaron la audiencia estuvo la vocal ordinaria, Claudia Castro. “Lamentar, a mi parecer, una vergonzosa determinación (de los magistrados del TSJ)”, manifestó Castro.

Los vocales que cuestionaron la circular del TSJ tienen antecedentes de favorecer con sus fallos a miembros del MAS. En el caso de Campero, fue asesor de Álvaro García Linera y subprocurador del Estado en la gestión del exministro Héctor Arce.

Campero y su colega de sala, también favorecieron al narco Einar Lima Lobo con un fallo que dejó sin efecto su extradición a Brasil. El abogado del procesado era parte del consorcio del exfiscal departamental Marco Antonio Cossío.

La vocal Castro, en gestiones anteriores como juez, fue denunciada por emitir fallos ilegales en diferentes procesos de corrupción. Antes de subir a la categoría de vocal, en audiencias desarrolladas cuando no estaba de turno en fin de semana, Castro anuló las órdenes de aprehensión que pesaban contra Evo Morales y los exministros de su gestión.

Ese fallo se hizo sólo días después de que el MAS ganó las elecciones generales de 2020. Castro complementó esas primeras resoluciones en favor de los políticos oficialistas al cerrar el caso de fraude electoral de 2019.

En tanto que el vocal Ramírez fue encarcelado en 2016, en medio de las investigaciones por el caso de consorcio en el que su colega, Fernando Ganam y el abogado Milton Mendoza fueron sindicados de negociar las resoluciones de un amparo constitucional en el caso Cotel.

Se desconoce el estado de ese proceso abierto en la gestión del exfiscal departamental Edwin Blanco.