La protesta de un grupo de vocales constitucionales y ordinarios del Tribunal Departamental de La Paz obligó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a dejar sin efecto un instructivo de este último, que buscaba regular los conflictos de competencias entre vocales ordinarios y constitucionales y que incluso habrían provocado roces con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).