En funciones desde el 2016, la primera vez que García-Sayán se pronunció sobre el estado de la justicia en Bolivia fue en febrero de 2020 cuando cuestionó al gobierno de Jeanine Añez por “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales. Hoy, fue el turno del exministro Gustavo Torrico. Llamó al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.

Entonces la Cancillería boliviana demandó su renuncia al cargo, lo cuestionó por “permitir que la ideología prevalezca sobre la decencia, la democracia y la libertad” y aseguró que “Dichas denuncias debió plantearlas durante la gestión de Evo Morales, un gobierno de profesionales de la política totalitaria que organizaron un sistema donde los jueces y los fiscales, elegidos por una asamblea nacional bajo su control, fueron el instrumento para silenciar, intimidar, perseguir y asesinar a los opositores políticos”.

En julio 2021, García-Sayán cuestionó al presidente Luis Arce por la cesación de vocales electorales en Bolivia y advirtió que “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afecta garantías jurídicas y democráticas” y anunció que sigue “con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”.

Actualmente las expectativas puestas a su visita a Bolivia, entre el 15 y 22 de febrero próximo, provocan más dudas que certezas, especialmente ante el anuncio del ministro de Justicia Iván Lima en sentido que con su evaluación y valoración del sistema judicial el relator internacional dará argumentos al gobierno para “Este falso discurso de que hay perseguidos políticos en el país, lo vamos a romper a partir del escrutinio público internacional. El país está cansado de mentiras”, y también permitirá mostrar que en Bolivia no hay violación de la independencia judicial como denuncia la oposición.

UNA MISIÓN IMPOSIBLE

Diversas voces advirtieron que las pretensiones del gobierno de Luis Arce son preocupantes, pero también han reconocido que la dimensión de la crisis del sistema judicial hace pensar que García-Sayán se enfrenta a una misión imposible. 

El abogado Juan Del Granado, aseguró que “Lima no parece estar suficientemente informado sobre el “Mandato” de supervisión -no de validación- de García Sayán, como “Relator Especial sobre Independencia Judicial”, respecto a los avances protectivos de la independencia de los jueces y, sobre todo, respecto al cumplimiento estatal de los 20 “Principios Básicos de Independencia de la Judicatura”, aprobados por Naciones Unidas en septiembre de 1985”.

Diversos organismos internacionales y no gubernamentales han emitido informes sobre la situación de los derechos humanos y de la grave crisis judicial en Bolivia. Desde diferentes enfoques, objetivos y metodología, todos coinciden que la falta de independencia judicial socaba el sistema de justicia y acentúa los problemas crónicos de impunidad.

Los informes subrayan que el sistema judicial boliviano está sometido a la interferencia política desde la presidencia de Morales, continuando con la de Añez y actualmente en el gobierno de Arce.

En opinión de la socióloga y feminista Sonia Montaño, García-Sayán debiera aprovechar “este especial momento para que explique si las afirmaciones de Lima sobre las mentiras de la oposición son un deseo personal o un mandato velado que nos recuerda que el invitado también carga sobre sus espaldas el lamentable papel que jugó callando ante los abusos del gobierno de Evo Morales”.

Del Granado, consideró que la administración judicial boliviana tiene “características ya de tragedia” por lo que pretender -como lo prefigura el ministro Lima, ahora en la cuerda floja- que el funcionario internacional de fe de lo que no ocurre en Bolivia no será posible.

LA (IN)JUSTICIA PUESTA EN EVIDENCIA

En su Informe Mundial 2022, Human Rights Watch (HRW) asegura que a lo largo de su gobierno el expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial y que esa práctica se repitió en el gobierno de Añez y persiste en la actual gestión de Arce.

El informe de HRW, hecho público al inicio de esta gestión, detalla la situación de derechos humanos en casi 100 países y en el capítulo referido a Bolivia asegura que el expresidente Morales “socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder” y utilizó procesos judiciales para la persecución de sus adversarios políticos.

Respecto a la actual gestión de Arce, señala que, aunque al asumir su mandato aseguró que el sistema de justicia debía ser independiente de la política y prometió una reforma judicial, sus actos muestran lo contrario.

Menciona el decreto de amnistía de febrero de 2021 que garantiza amnistía por delitos graves para favorecer a partidarios del MAS y el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que autorizaba a agentes del Estado obtener datos privados sin ningún tipo de autorización o control judicial y vulneraba el secreto profesional y de fuente periodística.

También refiere la detención de Añez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, así como una supuesta participación en “un golpe de Estado” contra Morales en noviembre de 2019 y asegura que “Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Añez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”.

Entre los factores que socaban la independencia judicial en el país, HRW refiere la transitoriedad de alrededor del 80% de los jueces y fiscales, lo que condiciona su permanencia en el cargo al cumplimiento de los mandatos del gobierno de turno.  

El informe a Bolivia entre los países donde se detectó “diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos”, lo que amenaza el sistema democrático.

Concluye que es urgente la reforma estructural de la justicia, para dotarla de independencia e imparcialidad y recuerda que se requiere una justicia independiente como condición indispensable para la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos.

Esas conclusiones son coincidentes con lo señalado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, a mediados de 2021 que alertó sobre “serias deficiencias” del Estado boliviano para garantizar la “independencia y autonomía” del órgano Judicial y la Fiscalía.

Recogió el reclamo de la oposición por el uso de la justicia como un mecanismo de persecución política y para eliminar a líderes o ex autoridades contrarios al gobierno.

El informe del GIEI evidenció que durante el periodo de septiembre a diciembre de 2019 se cometieron graves violaciones de derechos humanos en Bolivia. Estas involucran la presunta responsabilidad tanto del gobierno de Evo Morales como de Jeanine Añez. 

El GIEI también mencionó que entre los factores que contribuyen a la injerencia política en la justicia está el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales actualmente ocupan cargos de carácter transitorio.