Jueves, 20 Enero 2022 11:24

Sillerico: Bolivia está en contra ruta con los derechos de las personas privadas de libertad

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La activista de derechos humanos en temas penitenciarios y exAdjunta de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, señaló este miércoles que las personas privadas de libertad nunca fueron prioridad para los gobiernos de turno, por carecer de una política de Estado, y en esta gestión esto se evidencia aún más por el presupuesto designado para la salud de los reclusos.
 
Sillerico enfatizó que en sus 18 años de trabajo en la Defensoría del Pueblo con privados de libertad, evidencia que en la actualidad “no ha cambiado nada”.
 
“Para mí el indicador de la situación, incluso de la justicia, es precisamente el estado actual del sistema penitenciario en Bolivia, yo creo que se está en contra ruta con los derechos y este es el indicador claro en personas privadas de libertad”, manifestó la activista a ANF.
 
Según datos del Presupuesto General del Estado 2022, la Dirección de Régimen Penitenciario designó un total de 856.714 bolivianos para la salud en los penales, que divididos entre los 18.400 privados de libertad del país, se tiene un promedio de 46,5 bolivianos al año para cada privado de libertad. A razón de 3,8 bolivianos al mes para tratarlos de alguna enfermedad.
 
Lo que yo creo, dijo Sillerico, es que la población privada de libertad no ha sido prioridad debido a que “no hay una política de Estado que vaya más allá de la política gubernamental, no hay, no existe, lo que hay son acciones coyunturales gubernamentales”.
 
Refirió que en la época de la primera defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, en 2004, se recomendó que el Estado formule la política criminal, y “en ese marco debería haber una política de Estado del sistema penitenciario”, pero no se hizo.
 
“Esto muestra cómo está el tema de la justicia en el país, y es contradictorio porque el único derecho que pierde un privado de libertad y una privada libertad es su libertad, no pierde el derecho a la salud, no pierde el derecho a la alimentación, no pierde el derecho a la educación”, apuntó.
 
Enfatizó que esta problemática debería ser prioridad en la agenda del país y mucho más al pensar en la situación de las mujeres reclusas, donde “realmente el sistema penitenciario en ningún momento ha introducido el tema de la igualdad de género”.
 
“Si vemos la experiencia en otros países, el sistema penitenciario es política de Estado y al ser política de Estado tiene un presupuesto, es parte de las reingenierías presupuestarias, distinto al sistema penitenciario en Bolivia, que además tampoco rehabilita”, apuntó.
 
Dijo que los 46,5 bolivianos al año para la salud de un privado de libertad es un presupuesto lamentable desde el punto de vista de los derechos humanos, y “mucho más por el tema del Covid-19 que tiene su impacto mayor en los derechos humanos”.
 
Sillerico observó que a nivel del mundo, en América Latina, en la región andina y en Bolivia, hay un retroceso en los derechos humanos, donde los grupos prioritarios para el Estado, y según la Constitución Política, dejaron de serlo. Indicó que esto se observa en la situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes que aún viven en las cárceles.
 
“Si analizamos por ejemplo tan solo la situación de niños niñas y adolescentes, ha sido un problema no resuelto en los centros penitenciarios, porque muchos niños y niñas viven con sus papás cuando no es el espacio seguro para el principio de prioridad absoluta que sería la niñez y adolescencia”, refirió.
 
“Para mí es muy lamentable la situación de la población privada de libertad, más aún siendo que la mayoría de esta población es preventiva, es decir sin sentencia, muchas veces sin investigación”, remarcó.

Info adicional

  • Medio: ANF
  • Fecha: Miércoles, 19 Enero 2022
  • Categoria: Seguridad
  • Sección: Seguridad
  • Tema: cárceles
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Sam Mills Jersey