Legisladores de oposición y del oficialismo coincidieron en que para introducir la figura de cadena perpetua -resultado de la Cumbre Judicial- se necesita instalar una Asamblea Constituyente porque afecta a los derechos fundamentales y también a las bases de la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009.
"Para incorporar la cadena perpetua, aunque ese término técnicamente ya no está vigente, se necesita hacer una reforma constitucional con una Asamblea Constituyente”, aseguró el senador René Joaquino (MAS).
El fin de semana concluyó la Cumbre Judicial en Sucre y entre una de las conclusiones está la cadena perpetua
para los violadores de menores de edad que mueran y la sumatoria de penas.
El diputado Rafael Quispe dijo que para insertar esta figura es preciso cambiar la CPE, pero no a través de un referendo, sino de una Asamblea Constituyente porque "se modificaría uno de los pilares fundamentales de la Carta Magna, el derecho a la vida y a la libertad”.
Su colega del PDC, Norma Piérola, coincidió con Quispe y advirtió que el Gobierno no está en posibilidad de hacerlo porque ni siquiera garantiza las condiciones actuales en los centros penitenciarios. "No tenemos un sistema carcelario adecuado, ambientes ni políticas de inserción, y el Gobierno no tiene plata ni para pagar los prediarios.
Seguro aprovecharán para cambiar el artículo 168 de la CPE”, aseguró.
El senador de UD Arturo Murillo explicó que los oficialistas intentarán tomar el lado sensible de las personas al insertar la cadena perpetua para violadores de niños indefensos y, al mismo tiempo, "aprovecharán para insertar de contrabando el tema de la reelección del presidente Evo Morales”.
"Quieren abrir la CPE para meter sus caprichos”, agregó.
El artículo 411 de la CPE establece que "la reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo”.
Normas internacionales
El abogado constitucionalista William Bascopé recordó que insertar esta figura legal a la Constitución significa un retroceso para la legalidad en el país. "Esto ya se discutió, es imposible aplicar la condena perpetua y la pena de muerte porque Bolivia firmó la Convención de Derechos Humanos de 1969; una vez abolidos estos delitos, no podemos implementarlos nuevamente”.
En Cochabamba, el Colegio de Abogados criticó las conclusiones de la cumbre e indicó que la cadena perpetua y la pena de muerte son "una copia fiel de las normas de Estados Unidos”. En este país cada año hay al menos 40.000 condenados por estos delitos y 2.500 son menores de 18 años.