“El gran reto, de repente para este 2022, es la reforma del sistema judicial, la anunciada reforma del sistema judicial. Ese se puede constituir en el mayor reto para esta gestión, que se debe encarar con absoluta integralidad”, manifestó el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paúl Enrique Franco.

Argumentó que lo que queda pendiente en la jurisdicción constitucional es ahondar en la implementación de procesos telemáticos para promover el acceso a la justicia. Dijo que esa tarea se va a encarar y desarrollar con el fin de descongestionar la mora procesal que existe en el país.

En criterio de Franco, el tema de la justicia no pasa por la cantidad de jueces que puedan atender las causas, sino evitar la generación de las causas para llegar a estrados judiciales. Informó que será prioridad para el TCP poner énfasis en el “derecho a la paz”, aspecto que tiene menos desarrollo de normativas y menos eco en la población en la resolución de conflictos.

Dijo que la reforma judicial será posible siempre y cuando se cuente con el acompañamiento de todos los poderes del Estado, organizaciones sociales, pueblos indígenas e instituciones involucradas en esta cuestión.

La inauguración del año judicial y constitucional 2022 contó con la participación del presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; el presidente del TCP, Paúl Enrique Franco; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar; el ministro de Justicia, Iván Lima; el procurador del Estado, Wilfredo Chávez; la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, entre otras autoridades del Estado y de organizaciones sociales.

La reforma judicial fue planteada por el gobierno de Luis Arce, a través del ministro Lima, que fijó seis ejes en 2021, hasta la fecha se realizaron diferentes encuentros, pero aún no se conocen los resultados. Asimismo, anunciaron que en marzo de este año se realizará la cumbre judicial con miras a una reforma judicial.

175 municipios en el  país no cuentan con juzgados, según Arce

Durante su discurso en el acto, Arce mencionó tres males que deben ser eliminados para contar con una justicia proba en el país: la retardación, la corrupción y la enorme carga procesal.

“Las estadísticas confirman la existencia de problemas que se repiten cada año sin encontrar una posibilidad de solución. Este modelo de sistema judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente, privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano”, criticó Arce al sistema judicial del país.

Manifestó que el Estado tiene que reconocer que el cambio de justicia apremia porque existen muchas irregularidades. Por ejemplo, dijo que en promedio sólo el 46% del total de los procesos judiciales fueron resueltos durante los últimos dos años.

Asimismo, mencionó que el 62% de los juzgados se encuentran concentrados en las ciudades capitales de departamento y en El Alto y sólo el 38% están en las provincias; es decir, que un total de 175 municipios no cuentan con juzgados.

“Un total de 175 municipios no cuenta con juzgados, lo que implica que aproximadamente 1.300.000 bolivianos compatriotas no tienen la disponibilidad de acceso a la justicia en su jurisdicción territorial”, informó Arce.

Subrayó que también existen acefalías por la insuficiente cantidad de jueces de carrera en el sistema judicial boliviano. Precisó que a nivel de juzgados ordinarios solo un 49% son jueces de carrera, el otro 48% son transitorios y el restante 3% permanece en acefalía.

En la administración de justicia Agroambiental, mencionó que apenas el 14% corresponde a jueces de carrera, el 62% a jueces transitorios y 24% corresponde a cargos en acefalía.

Añadió que existe la necesidad de reformar las leyes, por ejemplo, la Ley del Órgano Judicial que da una vacación obligatoria de 25 días a los jueces, lo cual es contradictorio ante la necesidad del sistema judicial del país de terminar con la retardación de justicia.

Sobre los casos de las víctimas de feminicidio e infanticidios, muchas veces no se dictan sentencias ni sanciones inmediatas y lo peor es que malos operadores de la justicia liberan a los acusados.

Sin efectuar cambios, estaremos inaugurando la retardación y las moras procesales

El presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, dijo que de no existir cambios en la justicia durante esta gestión también se habrá inaugurado la retardación las diferentes moras procesales que actualmente existen en el país.

“Inaugurar el año judicial significa que a través de estos 600.000 procesos hay seres humanos, hay ciudadanos que entre parte y contraparte llegan a más de 1.000.000 bolivianos y en esos más de 1.000.000 bolivianos, sin incluir abogados y familiares y terceros interesados, se generan expectativas”, mencionó.

Dijo que durante el 2022 se tiene que generar respuestas a los problemas judiciales planteados y existentes. “De lo contrario estaremos inaugurando no solamente el año judicial y las actividades que involucran al año judicial, estaremos inaugurando también la retardación de la mora y todo lo que implica todas las taras de la justicia”, indicó.

La reforma judicial también fue planteada en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), recordó el ministro de Justicia, Iván Lima.