El dato se encuentra contenido en un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), según el cual el total de casos atendidos que se encuentran inmersos en la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia llega a 16.930, más de 38% de ellos reportados en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, del total de casos 6.455 se reportaron en Santa Cruz, 3.178 en La Paz, 2.500 en Cochabamba, 1.495 en Tarija, 1.202 en Potosí, 885 en Chuquisaca, 595 en Beni, 475 en Oruro y 147 en Pando. 

“Lamentablemente, el delito de violencia familiar o doméstica tiene mayor incidencia a nivel nacional y hasta la fecha se tiene 13.866 casos, seguido de delitos de violación de niña, niño o adolescente con 677 casos. Como Ministerio Público se realiza la sanción de este tipo de casos y se tienen nuevos lineamientos para la investigación estratégica y la atención integral para las personas en situación de violencia, de esta manera realizar la resolución de causas”, sostuvo en una conferencia de prensa la directora de esa repartición, Pilar Díaz Berríos.

Un día antes, el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo, había informado en Sucre que hasta el 18 de mayo se habían reportado a nivel nacional 47 feminicidios y 11 infanticidios.

El departamento con mayor número de casos reportados de violencia familiar es Santa Cruz (segundo en casos de feminicidio) y según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en esa región,   José María Velasco, ello se debe a varios factores, entre ellos la educación en el seno familiar, el machismo y, en el último tiempo,  el encierro derivado de la pandemia del coronavirus.

“Hemos estado obligados por esta pandemia a cambiar  nuestra forma de vida y a todos nos ha afectado (...) Ahí también se ha generado bastante violencia, la intolerancia de las personas en el seno familiar, que en muchos casos ha derivado en feminicidios”, afirmó durante una entrevista en  radio Fides.

Díaz informó que en el marco de las tareas que encara el Ministerio Público respecto a esta problemática se conformó una “Mesa  nacional de lucha contra la violencia” en la que participan representantes de diferentes instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, Policía Boliviana - Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), Defensoría del Pueblo y el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima, entre otras, con el objetivo de realizar proyectos para la atención de casos.

Otro asunto de preocupación es el lento avance de la resolución de los casos de feminicidio, por lo que en Sucre se conformó una comisión interinstitucional que comenzó a fiscalizar los procesos para establecer si hay retardación de justicia o corrupción.

“El proyecto es impulsado en virtud a los casos de feminicidios desde las gestiones 2013 al 2019 con el objetivo de darle celeridad y poder resolver todos ellos. Tenemos programado realizar en cada departamento las inspecciones correspondientes y el día de hoy (ayer) estamos arrancando con Chuquisaca”, dijo Díaz.

Graves carencias afectan a las unidades encargadas de investigar 

Una verificación que realizó la Defensoría del Pueblo en 50 municipios del país constató que las unidades dependientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) trabajan en medio de muchas carencias y una alta carga de casos en relación a la cantidad de sus efectivos.

De acuerdo con el trabajo, que entre el 10 y 14 de mayo visitó 62 oficinas de esta unidad, en ellas trabajan 402 efectivos que investigan un promedio de 344 casos por día y solamente existen 240 computadoras disponibles, lo que significa que el 49,3% del personal no cuenta con este instrumento de trabajo.

“Igualmente se observó que solo 33 (53,4%) de las 62 oficinas intervenidas cuenta con acceso a servicio de internet, cuyo pago es asumido por los comandos departamentales en el 30% de estas reparticiones, por los gobiernos municipales en el 49%, en tanto que en el 21% de dichas oficinas son los propios investigadores quienes deben asumir el costo de dicho servicio, situación que es de preocupación para la institución defensorial”, dijo la defensora  Nadia Cruz.