“Son cuatro juzgados en materia civil de Riberalta que están funcionando con un solo juez. Imagínese lo que es eso. Por ejemplo, una madre que demanda la asistencia familiar tiene que pasar incontables penurias visitando todos los días la Casa Judicial para que nunca le den respuesta. Por eso venimos reclamando la designación de jueces y todo el tiempo nos las charlan. Nos dicen que se están tomando los exámenes, que están en el proceso de selección, que están designando, que están en las entrevistas… finalmente nunca dan solución. Tenemos un sistema judicial colapsado que no sirve para nada y, no es exagerado decirlo”, manifiesta con pesar el abogado Ricardo Chávez.
El lunes 10 de mayo, los abogados de Riberalta, en el norte del departamento de Beni, instalaron una vigilia en puertas de los juzgados civiles y de Derechos Reales, paralizando todas las actividades y exigiendo al Consejo de la Magistratura que designe jueces para extirpar de una vez por todas el cáncer de la retardación de justicia, que afecta a todo el país.
“En diciembre se fue un juez que era titular del Juzgado Cuarto y en el mes de agosto se fue el que era titular del Juzgado Primero. He quedado sola y a veces tengo hasta 15 audiencias al día. Los abogados tienen todo el derecho de protestar”, lamenta la jueza Karen Ninet Moreno.
Presupuesto y mora procesal
Pese a reiterados intentos, Bolivia no ha podido salir de la crisis estructural de justicia que cada día socava más la confiabilidad de la población. Así lo detectó la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos -compuesta por más de 70 organizaciones de la sociedad civil- que monitorea el funcionamiento del sistema de justicia en el país.
“Un primer gran problema es que no hay información pública. No se sabe cuántos jueces hay en Bolivia, cuántos fiscales, cuántas acefalías… nosotros hemos recabado datos solicitando informes, revisando algunas fuentes públicas, recibiendo información de la sociedad civil y elaborando un registro hemerográfico”, explica Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir (integrante de la Plataforma por el Acceso a la Justicia).
Según el último diagnóstico, que será publicado el próximo mes, el ínfimo presupuesto para el ámbito judicial (menor al 1% del TGN), se ha visto aún más mermado luego de los recortes de 2020.
Esto repercute en insuficiente cobertura judicial en el país (más del 50% de los 342 municipios no tienen juzgados) y en la capacidad de reducir la mora procesal (entre el 2018 y 2019, sólo uno de los nueve Tribunales Departamentales logró reducir el adeudo procesal, lo que implica que ocho de nueve tribunales incrementaron los casos pendientes en relación con el año anterior).
“Necesitamos una reforma estructural que parta de priorizar el derecho del acceso a la justicia de la población. Hace falta voluntad política, designación de presupuesto y transparencia en la información”, puntualiza Saavedra.
El Consejo de la Magistratura se ha convertido en el blanco de críticas por las acefalías en los juzgados. El ministro de Justicia, Iván Lima, ha arremetido contra esta instancia señalando que en vez de agilizar el procedimiento, lo ha burocratizado.
El Consejo de la Magistratura nació el 31 de marzo de 1998 y forma parte del Órgano Judicial. Está encargado de designar a los funcionarios judiciales y de velar por el régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas.
“Hemos pedido soluciones al Consejo y no nos dan respuestas, por eso tomamos estas medidas de presión. Se tiene que designar autoridades sin hacer mucho protocolo. Varios colegas no se quieren ni postular porque es un gasto de plata que llega a superar los 10.000 bolivianos. Hay que ir a Trinidad y a Sucre. Todo para que después sin explicación declaren desierta la convocatoria”, dice Walter Márquez, representante de la Asociación de Abogados de Riberalta.
Amparo contra la Magistratura
“Cumplí con todos los requisitos y aprobé todas las etapas. La convocatoria salió en marzo de 2019. Presenté documentación, fui a dar examen público a Sucre y aprobé; me llamaron a la entrevista y quedé con la mayor nota de mi grupo. Éramos tres y finalmente dos nos habilitamos, según la convocatoria era suficiente para acreditar el cargo. Grande fue mi sorpresa cuando vi que declararon acéfalo el Juzgado Primero Cautelar al cual me había postulado”, cuenta Mauricio Antezana, abogado riberalteño quien ha recurrido a un amparo constitucional contra el Consejo de la Magistratura.
Intentando obtener contraparte, Página Siete solicitó una entrevista con alguno de los consejeros de la Magistratura pero, pese a la insistencia, no obtuvo respuesta.
Cáncer judicial
Héctor Arce Zaconeta, exministro de Justicia, ahora embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló en 2016 que hay dos tipos de cáncer que “carcomen” los cimientos en la justicia en Bolivia: la burocracia y la corrupción.
“La primera, permite crear la lentitud, el cansancio y la consecuente inoperatividad del sistema, para que la segunda permita generar condiciones para el ofrecimiento de dádivas a fin de ‘aceitar’ un sistema vetusto y herrumbrado”, señaló Arce. Desde ese diagnóstico, nada parece haber mejorado.
“Particularmente tengo dos procesos que ya van a cumplir cuatro años en el Juzgado de Trabajo. Figúrese que es gente que terminó su relación laboral y espera el pago de sus beneficios sociales hace tanto tiempo. Este tipo de procesos no deberían durar más de tres meses. Hay un secreto a voces y es que, ante esa negligencia, hay quienes acuden a tráfico de influencias para abreviar algunos trámites”, relata el abogado Ricardo Chávez.
El jurista asegura que hay una “insensibilidad” de las autoridades llamadas a administrar justicia y a designar funcionarios judiciales.
“Es urgente que se haga un estudio arduo de la importancia de este asiento judicial de Riberalta donde las actividades económicas son muy importantes para la región y, donde recibimos gente de muchos otros municipios del norte boliviano”, añade el abogado quien afirma que al menos debería habilitarse un juzgado más en tema laboral.
68% de procesos sin sentencia
Bolivia culminó la gestión 2019 con una tasa de 64,33% de presos sin condena y 269% de hacinamiento, puesto que las 18.208 personas privadas de libertad habitaban espacios con capacidad de albergar a 6.769 reclusos/as, según los datos de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia.
Bolivia tiene 48 recintos penitenciarios, 20 urbanos y 28 rurales. Y está entre los países con más alta tasa de presos sin condena en Sudamérica (68,13% estimado a junio de 2018).
“En materia penal, en Riberalta tenemos una carceleta que de cárcel no tiene nada. Allí están los privados de libertad hacinados sin ninguna esperanza de que puedan realizar alguna actividad que les permita reintegrarse a la sociedad. Están encerrados esperando por sus audiencias que nunca ocurren porque dependen de la designación de un juez. Teníamos tres cautelares e inexplicablemente se llevaron uno y el otro quedó acéfalo. Ya van a ser tres años con esta situación”, reprocha Chávez. Y remata citando a filósofo Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.