El presidente Luis Arce trazó tal transformación como uno de los pilares de su gobierno, para “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos”.

En contraposición, la realidad demostró que esta es una tarea muy engorrosa para la cartera de Justicia: efectuar un diagnóstico de la situación en breve tiempo, planificar la reforma, reunir a los actores directos en consenso y finalmente, aplicar el cambio.

Lima explicó a LA RAZÓN que planteó una reforma constitucional en primera instancia; sin embargo, ésta se ve frenada porque “no es la prioridad”.

Detalló que a la fecha se trabaja en cinco ejes, “la reforma a Derechos Reales, cuyo proyecto ya está en el Consejo de Política Económica y Social (Conapes). Está a nivel de dato en el gabinete ministerial. El segundo tema es un proyecto de ley que está dirigido a los niños sin hogar.

El tercer tema se trata de la Ley de Carrera Judicial. El cuarto eje es la institucionalización de la Justicia y del Ministerio Público. Y, finalmente, estamos hablando de que en el escenario de la Justicia como tal se requiere un plan de “reforma estructural”. A la fecha, solo fue modificada la Ley de Adopciones.